La presidenta del Govern, Francina Armengol, en una intervención en el Parlament. | Europa Press

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La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha admitido este martes que «queda mucho por hacer» en materia de vivienda, frente a las críticas del PP que ha criticado las «ocurrencias» del Govern en esta cuestión. En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo, la líder del Govern ha criticado la falta de propuestas del PP, «si quiere ser alternativa de gobierno» y ha reivindicado medidas como el tanteo y retracto para tener más vivienda pública, la disponibilidad de 1.300 viviendas públicas más para alquiler social o que se hayan multiplicado por nueve las ayudas al alquiler.

También se ha referido a la firma del convenio con tres entidades bancarias en relación al aval del Govern a las hipotecas.

El portavoz del PP, Antoni Costa, ha lamentado, sin embargo, que en ocho años el precio del alquiler haya aumentado un 60 por ciento y el de la compra un 85 por ciento.

Costa ha criticado el «lamentable espectáculo de un día decir una cosa y al siguiente, otra» y ha puesto como ejemplo la restricción de la compra de vivienda a extranjeros. «Pedro Sánchez le dijo que ni se le pasara por la cabeza», ha apuntado Costa.

También ha recordado que el propio PSIB votará este martes en contra de reducir de diez a cinco viviendas el criterio para ser considerado gran tenedor y que tras ver con buenos ojos la propuesta de las viviendas en contenedores reciclados, «a los tres días dijeron que era un desastre».

Por otra parte, también a una pregunta aplazada del portavoz 'popular' de una sesión anterior, Armengol ha asegurado que al Govern «claro que le preocupa la inflación» y ha reivindicado medidas para paliarla como el plan de choque por la guerra y el llamado escudo social. La líder del Govern ha destacado, además, que desde que gobierna el Pacte los «acuerdos son tripartitos» y ha puesto como ejemplo la mediación del Govern en el convenio de hostelería. En este sentido, ha recordado que el expresidente José Ramón Bauzá, le aseguró a ella misma en 2014 que el Ejecutivo autonómico no podía inmiscuirse en la negociación colectiva.