Así lo refleja el informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestra que el número de víctimas (159.352) aumentó un 9,35 % respecto a 2020 y que el número de denuncias ante los juzgados (162.848) se incrementó en un 8 %. Durante 2021 los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) acordaron 31.212 órdenes de protección (un 2,4 % más) y dictaron 54.318 sentencias (un 30,6 % más). El 75,62 % fueron condenatorias, lo que ha supuesto un nuevo máximo histórico, subraya el Observatorio. Destaca también las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, tras entrar en vigor la ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia: en 2.008 casos se suspendió el régimen de visitas, un 137 % más que en 2020.
El mapa de las víctimas
Dos de cada tres mujeres víctimas, según el informe, tenía nacionalidad española. La tasa víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 66 en toda España. Las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (42,6), Galicia (44,5), País Vasco (47,1), Asturias (47,6), Extremadura (48,3), Navarra (48,8), La Rioja (50,7), Aragón (53,1), Cataluña (54,8), Cantabria (60,4) y Castilla-La Mancha (62,7).
De la denuncia al juicio
En el 73,08 % de los casos, las denuncias las presentaron las propias víctimas en el juzgado o ante la Policía. Las denuncias por intervención directa de la Policía se situaron en el 13,72 % de los casos. El informe muestra que el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima se mantuvo un año más en niveles muy bajos (1,56 %). Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron el 8,38 % de las denuncias. Diez de cada 100 mujeres renunció a declarar contra su agresor en 2021, una proporción solo ligeramente inferior a la del año previo. Fueron en total 15.720 los casos afectados.
La protección judicial
Según el Observatorio, durante 2021 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 43.736 órdenes de protección y se concedieron 31.212 (el 71,36 %), un porcentaje muy similar al de 2020. En el 49 % de los casos, en el momento de solicitar la orden de protección se mantenía la relación de pareja. El 1,6 % de los casos se trataba de menores de edad. Derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, se adoptaron más de 60.000 medidas penales para proteger a las mujeres y a los hijos menores, fundamentalmente órdenes de alejamiento (23.834) y la prohibición de comunicación (22.414). El aumento más significativo, tras las nuevas leyes aprobadas, se dio en la medida de suspensión del régimen de visitas: en 2020 se acordó en 847 casos y el año pasado, en 2.008.
La condena
Resalta el informe el incremento del porcentaje de sentencias condenatorias: el 75,62 % el año pasado frente al 73 % de 2020 y al 70,5 % del ejercicio previo. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, un año más, en los juzgados de violencia sobre la mujer (el 89,25 % de las sentencias fue condenatoria). El porcentaje fue más bajo en las audiencias provinciales (76 %), donde se ven los delitos más graves; y aún menor en los juzgados de lo penal (65,4 %), que enjuician delitos castigados con menos de cinco años de cárcel. Además de los procesos penales, en los juzgados especializados se instruyeron 21.765 demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos, en su mayoría divorcios y medidas sobre guarda y custodia (un 7,65 % más que en 2020). Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron en 2021 a 257 menores por violencia machista, tres más que en el ejercicio anterior, e impusieron medidas en 225 casos.
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