A partir de la aprobación por parte del Ejecutivo, el texto legislativo iniciará su tramitación parlamentaria y su aprobación definitiva podría llegar a finales de año. Será la primera ley educativa propia de Baleares.
Entre otras cuestiones, la ley mantiene el Decret de Mínims para garantizar a los centros educativos al menos un 50 % de enseñanza en catalán. Desde ese porcentaje, y atendiendo la autonomía de centros, pueden decidir el nivel de enseñanza en catalán hasta la inmersión al 100 %. Realmente, la ley se concede cuatro años para unificar en un solo decreto el de Mínims y el de Llengües Estrangeres.
Otra de las cuestiones que aborda la nueva ley es el de la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, con la creación de mesas de enseñanza privada concertada (con participación de patronales, sindicatos y cooperativas), de diálogo permanente con los directores y sus asociaciones, del alumnado, de familias del alumnado y de los docentes (asociaciones y colegios profesionales), además de la ya existente Mesa Sectorial de representación sindical. Asimismo, se mantienen los consells escolars a nivel municipal, insular y balear, pero cada centro educativo recuperará su consell escolar específico. Uno de los compromisos del conseller, Martí March, es el de que la inversión educativa en Balears alcance el 5 % del Producto Interior Bruto de las Islas en ocho años a partir de la aprobación definitiva de la ley.
Como consecuencia de la pandemia, la ley lleva retraso respecto al calendario inicialmente previsto.
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