El órgano de fiscalización de las entidades públicas de las Islas acaba de presentar el informe en el que lleva trabajando más de un año. Su propósito era comprobar si, como marca la ley, estos centros son gratuitos o bien cobran por una parte de la enseñanza.
Hay un reproche directo al Govern por su falta de información. La Sindicatura señala que ello ha supuesto que no se haya podido analizar el grado de cumplimiento de los centros concertados respecto a la rendición de información de las actividades extraescolares y servicios complementarios.
«Tampoco se han podido analizar los procesos que ha seguido la Conselleria respecto a los importes que deben abonar los padres, ni tampoco comprobar si se vigilan como consecuencia de reclamaciones que formulan las familias y si estas se formulan de forma frecuente o puntual».
Señala que la Conselleria no ha realizado los requerimientos necesarios para ampliar la información de los servicios y actividades complementarias y extraescolares que se presentan de forma incompleta.
La Sindicatura ha analizado los centros Aixa-Llaüt, La Salle, San José Obrero, Santa Mónica, Madre Alberta y CIDE. De cuatro de ellos, todos menos Aixa-Llaüt y La Salle, señala que no hay constancia de que el Consell Escolar haya aprobado los precios de las actividades complementarias que suponen la percepción de cantidades por la prestación. También señala que Madre Alberta ofrece un conjunto de servicios complementarios sin dar opción a elegir uno de estos servicios, cosa que también sucede con el conjunto de actividades extraescolares de ampliación de la educación ordinaria.
Poca colaboración de los centros que se han analizado
El informe de la Sindicatura de Comptes también hace un reproche a los centros educativos concertados que ha analizado: asegura que han tenido poca colaboración para realizar su estudio ya que no les han enviado toda la información. Por eso, precisa que el informe se ha realizado con limitaciones, Los representantes de la escuela concertada ya protestaron cuando la Sindicatura les solicitó la documentación porque aseguraron que sus cuentas están controladas por intervención.
3 comentarios
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Todo el dinero publico tiene que ser fiscalizado correctamente, dicho esto, tener a un niñ@ escolarizado en una concertada cuesta unos 3000 euros año y en una publica unos 6000. Es decir, en 10 años se ahorra 30000 euros por alumn@. 30000 euros que pueden utilizarse para otras necesidades ......y los socialcomunistas quejándose . Quina vergonya
Exacto. Es el deber de la Sindicaduria llevar un control de ingresos y gastos, tanto de la pública como de la concertada. Las dos reciben subvenciones del estado (o sea con nuestro dinero). Lleguen hasta el fondo o quítense de en medio, ya tenemos mucho chupóptero entre el Cime y el Ajuntament.
Una privada encubierta y con el beneplácito de la Administración Pública que se tapa los ojos para tenerlos contentos.