Imagen de archivo del líder de Vox en Baleares en su escaño autonómico.

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Uno de los temas más comentados este pasado lunes, tanto en la edición digital de Ultima Hora como en los diferentes perfiles de la publicación en redes sociales, fue el hecho de que el Govern estudie posibles sanciones al diputado y líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, por un comentario coincidiendo con la efeméride de la sublevación militar que provocó la Guerra Civil en España, y a la postre los 40 años de dictadura franquista previos al advenimiento de la democracia.

En concreto, la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, afirmó que los servicios jurídicos del Ejecutivo examinaban las declaraciones de Campos, por si «jurídicamente puede tener consecuencias», algo a lo que el propio Campos ha salido al paso. El máximo representante del partido de Santiago Abascal en las Islas ha rechazado que en su comentario vertido en la red social Twitter apoyara el alzamiento del bando nacional.

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De este modo, Campos ha comentado que «mi tuit no elogia nada. Me refiero a una fecha que desde el punto de vista histórico es importante. En el tuit no valoro los hechos del 18 de julio, enlazo un artículo de Stanley G. Payne», recalca el diputado y portavoz de Vox en el Parlament balear, para quien la respuesta del Govern de Francina Armengol «prueba el sectarismo y la persecución que ocasionan las leyes de memoria histórica».

En este contexto, otras voces han vertido sus opiniones. Destaca entre ellas la del alcalde de Deià, Lluís Apesteguia (Més), quien a través de la misma red social no se resistió a mostrar su «opinión impopular», según la cual «prefiero que los franquistas dejen claro que son franquistas. No me preocupa que hagan público su pensamiento, me preocupa que existan, y siempre es mejor tenerlos detectados y contados».

Sin embargo, algunos apoyan a Campos en esta diatriba contra el Govern a cuenta de la memoria histórica. Es el caso, por ejemplo, de Juan José Tenorio de Valores Baleares, quien apuntilló que «Campos publicó una verdad histórica incuestionable. El Govern Balear pretende coartar la libertad de pensamiento», sentencia.