Margalida Ramis08/11/19 1:11
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El abuso de la temporalidad en el mercado laboral balear es una constante. Prueba de ello es que prácticamente uno de cada dos contratos temporales revisados en verano estaba en fraude de ley. Así se desprende de los resultados del plan de lucha contra la precariedad llevado a cabo en las Islas en julio y agosto que presentaron ayer el conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la directora general de Treball, Virginia Abraham; y la directora territorial de la Inspección de Trabajo, Yolanda Robledo.

El plan se ha desarrollado por quinto año consecutivo con el principal objetivo de «mejorar la calidad del empleo» en Balears, en palabras de Negueruela. Para ello, se desplazaron a las Islas 32 inspectores de la Península que realizaron un total de 1.302 actuaciones y 1.328 visitas a centros de trabajo, de las que 51 fueron en horario nocturno y 473, en festivo o fin de semana.

Se revisaron 7.250 contratos, de los que 3.500, un 48,3 %, eran fraudulentos, por lo que se convirtieron en indefinidos. Se trata de una cifra muy similar a la del pasado año. «La planificación es cada vez más eficiente», señaló Negueruela, quien destacó que la mayoría de inspecciones son en empresas pequeñas y que no suelen ser las mismas de un año ya que en caso de reincidir en una infracción la multa es más elevada.

Por otra parte, se revisaron 2.311 contratos parciales, de los que un 10 %, es decir, 232, también se transformaron por esconder jornadas más largas, que se tuvieron que regularizar. Finalmente, se afloraron 280 empleos, de los 60 estaban en la economía sumergida.

Mejoras

Como resultado de la actividad inspectora, 4.012 trabajadores se beneficiaron ya que mejoraron sus condiciones laborales, una cifra similar a la de los veranos anteriores. Sin embargo, desde el Govern señalaron que el total de beneficiados fue de 6.744 si se tienen en cuenta los efectos disuasorios del plan.

En total, los inspectores iniciaron 93 expedientes sancionadores con una propuesta de multa de cerca de 395.977 euros. La mayor parte de esta cantidad, 315.704 euros, corresponden a multas de economía irregular.