El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares se ha sumado a la propuesta realizada por el Consejo General de Administradores de solicitar al Gobierno un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal «para que se regule todo lo concerniente al uso turístico de pisos en viviendas plurifamiliares», según señala Antoni Jaume, vicepresidente balear de este organismo.
Jaume explica que la normativa autonómica propicia que por mayoría «las comunidades de vecinos pueden decidir si se autoriza o no el alquiler turístico vacacional de un piso por mayoría más uno, lo que está generando problemas de convivencia entre los vecinos de edificios plurifamiliares».
El Consejo General ha presentado entre sus propuestas al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, una regulación más completa de las viviendas de uso turístico para evitar estos problemas a la hora de tomar acuerdos en las comunidades de propietarios.
«Es ilógico trasladar toda la decisión sobre su aprobación o no a los propietarios, porque ello crea un nuevo foco de conflictos. Todo esto se suma a las ya complejas relaciones vecinales», añade el vicepresidente.
Aquí, subyace un problema y es que la normativa balear es diferente a la estatal, en la que se exige el voto de tres quintas partes de los propietarios.
Jaume apunta: «Un propietario puede recurrir la decisión de su comunidad en las Islas y acogerse a la normativa que impera en la Península. Para evitar que se encone esto más, es por ello que se pide una nueva Ley de Propiedad Horizontal que resuelva estos problemas, que deben y tienen quedar en manos del Gobierno central y gobiernos autonómicos, caso del Govern».
El Consejo General de Administradores de Fincas de España considera fundamental que «el alquiler turístico se regule como una actividad económica, estableciéndose requisitos homogéneos en todo el país y, al mismo tiempo, políticas fiscales locales, autonómicas y nacionales que repercutan y mejore la actividad económica de las viviendas de uso turístico en edificios plurifamiliares».
Nueva normativa
Los colegios de administradores de fincas, entre los que se encuentra el de Baleares, piden que con la nueva normativa se ofrezca la máxima seguridad jurídica. El Gobierno no ha resuelto en la vivienda de alquiler el problema de acceso a la vivienda ni el control de sus precios. «Es necesario, por tanto, establecer una política fiscal que incentive el aumento del parque de viviendas en alquiler», afirman los administradores de fincas.
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