El Govern ha perdido el control de 5.484 viviendas protegidas en esta legislatura

Se trata de promociones construidas en los años 80 y que se vendieron a precios muy inferiores al que marcaba el mercado ya que se edificaron con ayudas públicas. El hecho de que ya no exista control sobre el precio preocupa al Govern porque su salida al mercado de venta o alquiler ha incentivado la presión especulativa sobre el precio de la vivienda.

Poco puede hacer el Govern para revertir esta situación en la que aún se encuentran otras 14.568 viviendas. Es el parque actual de vivienda protegida en las Islas, que ha llegado a ser de casi el doble hasta alcanzar los 27.546 pisos. El primer expediente que se construyó en Balears es del año 1979 y desde entonces se han desclasificado un total de 12.798 pisos entre los que se encuentran esos 5.484 de esta legislatura.

Inspecciones

A la vista de que Balears ha ido perdiendo el control de patrimonio construido gracias a subvenciones públicas, el Ejecutivo ha tomado una decisión novedosa que apenas se aplica en un par de comunidades autónomas. Todas las nuevas viviendas de protección oficial que se construyan desde este año no podrán venderse nunca a precio de libre mercado. Sus propietarios deberán ofrecérselas primero al Govern o venderlas a un tercero pero al precio que estipule la administración.

Es una de las medidas recogidas en la Ley de Vivienda que aprobó el Parlament el año pasado y que servirán para que el Govern no sufra esta descapitalización de vivienda en el futuro. Mientras tanto, el Ejecutivo también se ha puesto a trabajar sobre los 14.568 pisos de Balears que aún tienen la consideración de vivienda protegida. La Conselleria de Territori ha puesto en marcha un plan de inspecciones para vigilar que los pisos se destinan a los que marca la ley. Deben ser residencia habitual del propietario y, si se alquilan a terceras personas, tienen que hacerse a precios estipulados por el Govern.

Esa es una de las infracciones más comunes detectadas durante los meses en que se han hecho inspecciones, pero el Govern ha llegad a detectar que algunas de estas viviendas compradas con ayudas públicas se han destinado al alquiler turístico.