El Supremo ha abordado este martes, por segundo día consecutivo, su análisis sobre la doctrina de la reciente sentencia que consideraba que la banca debía asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y no el cliente.
Si se hubiese concluido que la banca debía abonar este impuesto con carácter retroactivo para los casos no prescritos -es decir, los últimos cuatro años-, los contribuyentes podrían haber reclamado hasta 5.000 millones de euros a las haciendas autonómicas.
Para afrontar esta posible situación, Hacienda ya tenía un «plan», ha explicado la ministra en el Foro Cinco Días; este hubiese sido haber coordinado las actuaciones de las comunidades autónomas (CCAA), las entidades financieras y la Unión Europea (UE).
Montero ha subrayado que hubiese sido importante hacer «compatible» las eventuales devoluciones a los contribuyentes con las reclamaciones a las entidades financieras, ya que, de lo contrario, ese desfase hubiese recaído sobre las cuentas públicas y afectaría al déficit.
La ministra ha cifrado en «cuatro o cinco décimas» de producto interior bruto (PIB) el que hubiese sido el posible impacto, lo que pondría haber puesto incluso «en riesgo» la salida del procedimiento de déficit excesivo que España prevé abandonar este año, al bajar su déficit público del 3 % del PIB -el Gobierno estima que terminará el año en el 2,7 %-.
También en materia judicial, Montero ha señalado que el procedimiento para reclamar la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las prestaciones de maternidad no prescritas, después de que el Supremo las declarara exentas, «estará disponible en unos días».
La herramienta para realizar esas reclamaciones, que según la ministra rondarán los 1.100 o 1.200 millones de euros, será lo más sencilla posible.
Sistema de Tributación
En su intervención, Montero ha anunciado que el Gobierno va a mantener en los términos actuales las condiciones de acceso al sistema de tributación simplificada o de módulos de los autónomos, que según la legislación actual debería endurecerse el próximo año.
La ley prevé que a partir de 2019 sólo puedan acogerse al sistema de módulos los autónomos con rendimientos íntegros de más de 150.000 euros, que facturen a otros profesionales más de 75.000 euros o cuyas compras superen los 150.000 euros.
Sin embargo, para beneficiar a medio millón de autónomos, el Gobierno mantendrá los umbrales actuales, con los que pueden acogerse los autónomos con rendimientos íntegros de hasta 250.000 euros, que facturen a otros profesionales hasta 125.000 euros o cuyas compras no superen los 250.000 euros.
La ministra también ha aludido al proyecto presupuestario para el próximo año, que prevé presentar a principios de diciembre, de manera que, si se habilitara el mes de enero en las Cortes, las cuentas podrían estar aprobadas de manera definitiva en febrero.
Hacienda «no contempla la prórroga presupuestaria», ha subrayado la ministra, que actualmente negocia «con alguna formación política» para, a partir de ahí, buscar el apoyo de otras.
Se ha mostrado confiada en la capacidad de acordar las cuentas porque, en su opinión, «no hay ningún motivo» para que las formaciones catalanas, PDeCat y ERC, no apoyen un Presupuesto que considera que beneficia a la ciudadanía, aunque ha subrayado que sólo hablará de «cuentas públicas».
2 comentarios
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Pais de ladrones y estafadores, en este pais la picaresca y el pillaje esta a la orden del dia, ya ni se esconden...
No es cierto, porque solo cambia quien debe pagar ese dinero, no que si se debe pagar o no. Lo que antes pagaba el comprador ahora lo pagara el banco.