Se trata de la primera Ley de Vivienda que tiene las Islas Baleares, ha destacado durante el pleno la presidenta balear, la socialista Francina Armengol.
La ley ha salido adelante con el apoyo mayoritario de los partidos de izquierdas, el apoyo parcial de Cs y la oposición del PP, mientras que la «enmienda Nadal» ha sido aprobada con los votos del PP, PSIB-PSOE, Cs y PI, con el voto contrario de Podemos y MÉS.
El diputado del PP Rafael Nadal, tío del tenista de Manacor, ha decidido ausentarse y no votar esta ley que recoge la enmienda referida a las mejoras del centro de su sobrino.
La nueva ley de la vivienda de Balears obligará a los «grandes poseedores» de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una «necesidad objetiva de dificultad» de acceso a la misma.
El texto prevé crear un cuerpo de inspección, tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones, e incluye medidas para potenciar el alquiler social.
Por otra parte, para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial en Baleares, todas las nuevas promociones mantendrán «para siempre» su calificación de VPO, de forma que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca.
Además, la ley reconoce el derecho de acceso a la vivienda en situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, la obligación de la administración pública a garantizarla. Por tanto, se deberán facilitar viviendas públicas de alquiler social o ayudas a aquellas personas que las necesitan para acceder a una vivienda.
Entre los requisitos figuran no disponer de otra vivienda y no contar con recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado. Las mujeres víctimas de violencia machista, aunque cuenten con una vivienda, podrán solicitar también este amparo a la administración.
Otra novedad es que se garantiza a todos los ciudadanos los «suministros básicos»; por lo tanto, no se permitirán los cortes de suministro energético si los servicios sociales municipales acreditan la situación de pobreza energética de la familia. De hecho, las empresas deberán informar a sus clientes de este derecho.
Con esta ley se ha aprobado la denominada «enmienda Nadal», una iniciativa del PP a la que los socialistas le han dado su apoyo para ampliar este centro de tenis tecnificado de Manacor y permitir el uso turístico de su residencia, hasta ahora de uso para de los jóvenes estudiantes deportistas.
Durante su tramitación parlamentaria, el PI -Propuesta por las Islas- ha introducido también la construcción de un aparcamiento de 3.500 metros cuadrados de superficie. El diputado del PI Josep Melià ha defendido que este centro es una «realidad» que «da prestigio» a las Islas Baleares.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto María Consuelo Huertas ha expresado todo su «respeto» a Rafael Nadal y su «mallorquinidad», pero ha dicho que es «muy triste que el Govern de la gente (de izquierdas) sea protagonista de un nuevo caso de urbanismo a la carta» y de un «pelotazo urbanístico».
Desde Podemos, el diputado Carlos Saura ha pedido sin éxito al Govern que «por favor» rectificara y ha calificado esta enmienda de «anomalía y error de una política que no acaba de morir».
La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha asegurado que esta enmienda «no tiene cabida» en esta ley, presenta «dudas de constitucionalidad» y vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
El diputado socialista Damià Borràs ha defendido la enmienda, el turismo de calidad, la desestacionalización y diversificación turística y «fortalecer» la economía de todos los municipios, como el de Manacor.
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