La amenaza de recurso del Gobierno hace peligrar los pluses de 30.000 funcionarios

Además de la ecotasa en los cruceros y el pago de la carrera profesional, el tercer artículo de los Presupuestos sobre el que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad es el que garantiza el acceso a la sanidad para todos los residentes en Balears, incluidos los inmigrantes sin papeles. | E. CANYELLES

Nekane DomblásPalma28/03/18 4:01
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Cerca de 30.000 funcionarios del Govern –un total de 28.379– pueden perder los pluses de carrera profesional y de sexenios si el Gobierno central cumple su amenaza y presenta un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de los Presupuestos autonómicos para este año, incluido el 23, que es el que regula el pago de estos complementos. El Gobierno ha enviado a Baleares una nota en relación a los Presupuestos de este año en la que advierte de que tres disposiciones pueden ser ilegales: el pago de la carrera profesional, el derecho a la sanidad universal para los residentes en las Islas, incluidos los inmigrantes sin papeles, y la subida de la ecotasa en los cruceros.

La amenaza no afecta a la subida de la ecotasa en general sino al incremento en los cruceros. El Gobierno argumenta que el Govern se excede en sus competencias, ya que no puede regular este tipo de tributación en aguas jurisdiccionales españolas. La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, aseguró este martes que el Govern abrirá negociaciones con el Gobierno para tratar de evitar la presentación de estos recursos, pero simultáneamente quiso recalcar el celo «vigilante» hacia las comunidades autónomas por parte del Gobierno de Rajoy.

El sindicato UGT fue mucho más allá que la consellera en sus denuncias. Anunció que promoverá una huelga general de funcionarios si la delegada del Gobierno, Maria Salom, mantiene su intención de impugnar el complemento de carrera profesional para los empleados públicos recogido en los Presupuestos.
La posible impugnación de la carrera profesional llega por dos caminos diferentes, de ahí la queja de UGT contra Maria Salom. Por un lado, está la amenaza del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, en el que no ha tomado parte la delegada del Gobierno, pero además está la impugnación de los pluses de carrera profesional de los ayuntamientos de Palma y Santa Eugènia y del Consell de Mallorca. Aquí la intervención de Salom ha sido directa ya que es ella quien ha presentado la impugnación.

La carrera profesional es un complemento que se paga a la funcionarios en función de su formación complementaria con cursos y otra mejoras formativas, pero hasta ahora se ha estado pagando sin que se hayan tenido en cuenta estos méritos y atendiendo estrictamente a la antigüedad de los empleados.