El Estado recurre para no pagar la sanidad de los presos en Balears

El TSJB resolvió la semana pasada que, puesto que el reglamento penitenciario encomienda la manutención de los reclusos a la administración central, a esta también la corresponde hacer frente a la sanidad, a pesar de que estén dados de alta en la Seguridad Social. La postura del Estado es que reciben atención dentro del sistema nacional de salud y que, por lo tanto, no cabe que se giren facturas por los tratamientos, como ocurre con quien no forma parte de la red de asistencia pública.

En concreto, el pleito se inició por cinco facturas por un total de 5.966 euros que Son Espases giró a la prisión por el tratamiento de unos presos. Un juzgado de lo Contencioso dio primero la razón a la Abogacía del Estado. Ahora se revoca esa resolución. La sentencia apuntaba a que el Reglamento Penitenciario especifica que las prestaciones sanitarias a los presos incumben a prisiones y que debe quedar regulada por un convenio de colaboración entre las distintas administraciones.

El conflicto surge porque en Balears no existe ese acuerdo entre las dos instituciones que regule qué ocurre cuando un recluso necesita atención especializada que no se le puede dar en el propio centro penitenciario.

Al existir una distinta doctrina de los tribunales de Justicia será el Supremo quien tenga que decidir sobre el fondo.