El pleno de la cámara legislativa ha dado el visto bueno a la ley con el voto favorable de PSIB, Podemos y MÉS y el apoyo parcial del PP, El Pi y Ciudadanos, reticentes respecto al régimen sancionador contemplado en la norma y la posibilidad de que el director de la Oficina Anticorrupción sea nombrado por mayoría absoluta y no cualificada.
La consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha defendido la independencia de la oficina, que dependerá administrativamente del Parlament, y ha subrayado que el régimen sancionador previsto se centra en reprimir la falta de colaboración.
«La corrupción se tiene que combatir desde diferentes frentes y con diferentes mecanismos», ha resaltado Mateu, quien ha aclarado que las labores de la oficina acabarán una vez los asuntos se pongan en manos de la justicia.
La consellera ha resaltado el deber que tienen los partidos políticos de trabajar para «restaurar la confianza de los ciudadanos» y ha hecho un llamamiento a los grupos para impulsar el nuevo órgano de control con la mayor unidad posible.
El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha lamentado que por intereses partidistas la izquierda pierda «la oportunidad de crear una Oficina Anticorrupción verdaderamente independiente».
Lafuente, que ha reprochado el rechazo de la petición de su grupo de que el régimen sancionador se sometiera a un dictamen del Consell Consultiu, ha considerado que la posibilidad de que la mayoría parlamentaria imponga a una persona afín para dirigir la oficina «es un pecado original que difícilmente podrá subsanarse».
El portavoz socialista en el debate, Vicenç Thomàs, ha apuntado que el nuevo ente de investigación complementa a los órganos de control administrativo y a los estamentos judiciales que «han demostrado sus limitaciones», como prueba la proliferación de casos de corrupción en las islas en la última década.
El diputado socialista ha puesto de relieve algunos aspectos de la ley como que la oficina podrá investigar, además de a los empleados y administraciones públicas, a las entidades que reciban fondos de éstas, y también que gestionará un registro único de declaraciones patrimoniales.
Aitor Morrás, de Podemos, ha referido una larga lista de casos de corrupción relacionados con el PP, expresión última del «capitalismo de amiguetes» característico de Balears.
El portavoz de MÉS per Mallorca David Abril ha coincidido con su compañero de MÉS per Menorca Nel Martí en que la previsión legal de que el director de la oficina pueda ser designado por mayoría simple del Parlament en segunda vuelta es necesaria para evitar un bloqueo del organismo pero no implica que vaya a estar politizado.
El parlamentario de El Pi Josep Melià ha incidido, por contra, en que «hay un riesgo evidente de utilización partidista» del nuevo departamento anticorrupción.
Xavier Pericay, de Ciudadanos, que como Melià y el PP ha reclamado sin éxito que la ley obligara a elegir al director por mayoría cualificada, ha afirmado que «no hay nada peor para una sociedad que la corrupción».
9 comentarios
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Postureo puro y duro. Todos ellos tienen colegas investigados o condenados por uno u otro delito pero quedan geniales en esa foto con la manita tintada. Y mientras los probemas de verdad, aparcaditos sin solucionar. Todo un interminable postureo en esta legislatura.
Estos cuantos más problemas generan, mejor para ellos. Después su solución es meter enchufados y parasitar el sistema. Hasta que reventemos.
¿quién decidirá las personas a investigar?¿funcionará como las checas, a base de chivatos del régimen? ¿si algún pirata pertenece a alguno de estos partidos, se chivarán entre ellos o tendrán bula?
Si solamente hace falta unos cuantos más de enchufados para crear esta oficina y por supuesto que cobren un sueldo desmesurado por no hacer nada, vaya panda. A esto como se le llama? .......
Los ciudadanos están ya hasta las narices de todos vosotros sobrais más de la mitad .
A ver a quién pone en la Oficina Anticorrupción seguro que será uno de ellos sin más comentarios tiempo al tiempo y veremos de que ha servido esa oficina suerte a la señora Armengol y compañía
En una democracia que funcionan sus instituciones y con un Poder Judicial con medios y con independencia no se necesita ninguna oficina. Seguramente es un prueba clara que la corrupción está en los genes de esos partidos políticos que creen que esto se solucionará con un despacho y cuatro funcionarios.Más vale que dediquen ese dinero a elevar la cultura democrática en las escuelas y con la práctica política que respondan a la ética y a los valores humanos y no con las ambiciones personales de coger un sillón y cobrar un buen sueldo. Mal asunto cuando esos políticos nos quieren hacer creer que con un despacho se va a terminar con esta lacra que lleva enquistada en la sociedad desde hace 250 años. Poca credibilidad tienen esos que se afanan corriendo en salir en la foto y decir que ya hay oficina. ¿quién hará el seguimiento e informarán el dia a día lo que sucede ?
Los enchufes son corrupcion?
Podremos ahora denunciar corrupciones ,cohechos y demás , aunque sean de la última década