UGT y CCOO denuncian que la precarización afecta al 80 % de los trabajadores

Armengol, acompañada del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha recibido a representantes sindicales en el Consolat de Mar, con motivo de la celebración este viernes de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Balears, Alejandro Texías y José Luis García, respectivamente, han entregado a Armengol un manifiesto titulado «No a la codicia corporativa, no a los contratos porquería, los bajos salarios y la precariedad».

Texías ha explicado que por trabajo precario se entiende aquel de baja cualificación, temporal o a tiempo parcial y con elevadas cargas laborales y bajo salario.

Ha señalado que si bien el Govern balear es «sensible» a estas reivindicaciones, sería necesario que el Gobierno central derogase leyes como las dos últimas reformas laborales y la Ley Mordaza.

En opinión de los representantes sindicales, la precarización afecta principalmente en Baleares al sector servicios, la hostelería, las plantillas de los aeropuertos y los sectores que no están sujetos a convenio colectivo.

Por su parte, García ha recalcado que a pesar de la recuperación económica que vive Baleares, queda mucho trabajo por hacer para «recuperar el trabajo digno» porque los niveles de exclusión social y de personas en riesgo de pobreza son muy elevados.

Según García, «la recuperación económica fruto de las excelentes temporadas turísticas ha de revertir en el conjunto de los trabajadores». Ha recordado que si bien Baleares está en la media en cuestión de salarios, es la penúltima comunidad en capacidad adquisitiva de los trabajadores, y ha pedido que el salario mínimo interprofesional se eleve de manera urgente a 800 euros para «recuperar cierta dignidad salarial».

El conseller Negueruela ha lamentado la falta de herramientas para hacer posible un fortalecimiento de los salarios por lo que ha reclamado la derogación de la Reforma Laboral y ha recordado medidas adoptadas por el Govern como la obligatoriedad de incluir cláusulas sociales por parte de la administración y el plan de lucha contra la explotación laboral.