Podemos y Més quieren reclamar los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia

Así, el diputado de Podemos ha explicado que «se estima que puedan haber entre 300 y 500 inmatriculaciones», aunque, si bien, ha precisado que la cifra exacta «se desconoce, por lo que instan al Govern a crear un listado con todos los bienes a favor de Iglesia.

Asimismo, Capellà ha matizado que desde el grupo parlamentario MÉS consideran que «es un problema de incompatibilidad entre estas prácticas que han estado amparadas por ley y el principio de aconfesionalidad del Estado».

Listado de todos los inmuebles

Por ello, la PNL presentada por las dos formaciones insta al Govern a recopilar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas en Balears desde 1946 hasta el día de hoy.

Además, la propuesta también incluye «la elaboración de un listado, en un periodo de seis meses, de los bienes que desde el año 78 han estado inmatriculados a favor de la institución religiosa», ha señalado el diputado de Podemos.

También la iniciativa plantea la realización de un estudio de ámbito interinsular sobre el impacto de estas actuaciones por parte de la Iglesia «en la gestión, conservación y difusión de los bienes de interés cultural», así como «la necesidad de que el Govern se persone y apoye en aquellos procedimientos jurídicos iniciados a instancias de las entidades locales», ha añadido al respecto.

Marco histórico y legislativo

Según Capellà, esta propuesta tiene su razón de ser en que «la Iglesia Católica ha utilizado este derecho para robarnos todo el patrimonio público, esta anomalía jurídica y social no puede continuar», ha sostenido.

Ambos grupos parlamentarios han aprovechado para recordar que «en el gobierno de la Segunda República los bienes de la Iglesia eran de propiedad pública con derecho a culto», y «la dictadura facilitó a la institución religiosa la potestad de matricular», ha expuesto Picornell.

Finalmente, Capellà ha constatado que «con la modificación de la ley en el 2015 no se aplica la retroactividad a estos registros y consideramos que los ayuntamientos tendrían que haber podido reclamar estos bienes».