Los administradores concursales Raimundo Zaforteza, Salvador Fornés y Jorge Sáinz de Baranda, junto a la secretaria del Juzgado

Los administradores concursales Raimundo Zaforteza, Salvador Fornés y Jorge Sáinz de Baranda, junto a la secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1; su titular, el juez Víctor Fernández, y Joan Font, abogado de Vicenç Grande, en una junta de acreedores del Grupo Drac en 2010 | Pere Bota

Jaime Moreda20/03/16 0:00
TW
2

Entre los años 2007 y 2015, más de 2.100 empresas de Balears se han visto obligadas a suspender pagos, o lo que es lo mismo, presentar un concurso de acreedores.

«El problema de los concursos de acreedores es que se presentan demasiado tarde», explica Tolo Ferrando, presidente de la comisión concursal del Colegio de Economistas de Balears. «El 95 por ciento de estos procesos terminan en liquidación porque ya no hay nada que hacer», añade Ferrando.

Un total de 39 de las 2.1000 empresas intervenidas tenían un volumen de negocio superior a los diez millones de euros. Es el caso de Drac o RCD Mallorca, que entraron en concurso en los años 2008 y 2010, respectivamente.

Un administrador concursal en la fase común cobra 5.500 euros del primer millón del activo más el 0,4 % del segundo. Para los millones sucesivos este porcentaje va bajando. Y del pasivo le corresponde 2.500 euros del primer millón más el 0,1 % del segundo y si hubiera más este porcentaje desciende. Aparte, se devengan nuevos honorarios para la fase de convenio y liquidación que suponen el 10 % de la fase común anterior.