Castro ha dictado este jueves un auto en el que permite la enajenación de los inmuebles, que tras la cancelación de la hipoteca pendiente y el abono de la comisión al intermediario representará la consignación en el juzgado de casi 27.000 euros en concepto de fianza.
El juzgado de instrucción 3 de Palma, que dirigió la investigación del caso de presunta corrupción cuyo juicio comenzó el pasado día 11 ante la Audiencia de Palma, tramita la pieza separada de responsabilidad civil, en la que se fijó para Urdangarin una fianza de 13,6 millones de euros.
El pasado lunes la defensa del esposo de la infanta Cristina apremió al juzgado a que se pronunciase sobre la venta después de haber aportado cumplido una tasación de los pisos, trasteros y plazas de garaje que fijó su valor en casi 317.000 euros.
«El precio de 250.000 euros, aunque ciertamente escaso, representa una oferta seria que en las condiciones actuales es aceptable, tanto más cuando absolutamente ninguna de las partes acusadoras ha manifestado lo contrario tras que se diera traslado del informe de tasación», indica en juez en su escrito.
Castro, que pidió la tasación a instancias de la Abogacía del Estado, señala que hay que considerar «que la crisis del mercado inmobiliario aún no ha desaparecido por completo y que la urgencia por vender siempre se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende enajenar».
El juez recuerda que su argumentación es similar a la que aplicó en marzo del año pasado cuando permitió a Urdangarin y la infanta Cristina vender por 6,9 millones de euros el chalé que habían adquirido como residencia familiar en el barrio barcelonés de Pedralbes.
La solicitud de venta autorizada, necesaria debido al embargo que pesa sobre todas sus propiedades, la formuló la defensa de Urdangarin el 22 de octubre del año pasado.
El marido de la infanta planteaba que de los 250.000 euros que cobraría por los pisos, situados cerca del Paseo Marítimo de Palma, habría que detraer 14.500 euros para el intermediario y 200.550 para saldar hipotecas.
A ello se añadiría el pago del impuesto municipal sobre la plusvalía, por un total de 6.048 euros, y el abono de las últimas cuotas mensuales de las hipotecas, próximas ambas a los 1.000 euros, con lo que la cifra total neta y final de la operación de compraventa sería de 26.963,35 euros para aportar al juzgado.
Además de permitir la operación, ordenar el levantamiento del embargo de los pisos y pedir justificación documental de los pagos, Castro se dirige en su auto de hoy a la defensa de Diego Torres, exsocio de Urdangarin en Nóos, para pedirle precisiones sobre su solicitud de desbloqueo de fondos monetarios embargados.
El juicio del caso Nóos, que arrancó el 11 de enero con una sesión íntegramente dedicada a las cuestiones previas en la que la infanta Cristina se sentó en el banquillo junto a los otros 17 acusados, se reiniciará el 9 de febrero.
Antes, el tribunal de la Audiencia de Palma que enjuicia la presunta trama de corrupción en torno al Instituto Nóos, deberá resolver sobre la petición de la defensa de la infanta de que se levanten las imputaciones de delito fiscal que pesa sobre ella por la falta de legitimación de la acusación popular de Manos Limpias para ejercer esa función en solitario.
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