La Justicia condena al IB-Salut al pago de 300.000 euros por secuelas en un parto

En la reciente sentencia del tribunal se expone que la madre, de 23 años, tuvo un embarazo normal y que, en la 39 semana, se detectó un déficit de líquido amniótico. Entonces se decidió la preinducción, procediendo al ingreso en el hospital el 4 de marzo. Tras los sangrados de la madre se realizó la cesárea.

Según la defensa, el letrado Joan Manel Garau, tras el primer sangrado no se realizó la monitorización fetal de modo continuado, lo que hubiera podido permitir la realización inmediata de la cesárea y evitar el sufrimiento fetal prolongado.

La menor presenta discapacidad por retraso madurativo y discapacidad del sistema neuronal. Precisa de necesidades educativas especiales como consecuencia del deterioro grave de las funciones cerebrales. Los progenitores interpusieron la reclamación de responsabilidad patrimonial al considerar que este retraso madurativo de su hija viene motivado por «la incorrecta e inadecuada asistencia sanitaria en el proceso del parto».

La parte demandada alegó que la inducción al parto fue correcta en todo momento, así como la actuación del personal sanitario.