Durante su comparecencia, Areal ha asegurado que jamás ha exigido comisión alguna a cambio de contrataciones públicas, por lo que se ha desvinculado de las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión del contrato para la construcción de la mayor infraestructura pública sacada a concurso durante la última legislatura de Matas (2003-2007).
Areal ha llegado a los Juzgados de Vía Alemania pasadas las 11.00 horas, donde le aguardaban numerosos periodistas y cámaras y, una vez dentro de las dependencias judiciales, ha saludado a los distintos letrados personados en la causa. Uno de ellos le ha llegado a decir, a raíz de su imputación en el caso: «No sé qué haces aquí, pero bueno».
Su declaración ante el juez Castro ha sido breve y durante la misma ha reiterado, como lo ha hecho en otras ocasiones en que ha sido interrogado por el instructor, que nunca ha recibido dádiva alguna ni ha manejado dinero opaco al fisco.
A su salida ha eludido hacer declaraciones a los medios, si bien a la pregunta de si había declarado, ha espetado: «Claro, *no ve el tiempo que he estado?», al tiempo que se tropezaba en dos ocasiones mientras descendía las escaleras de los Juzgados.
La última vez que Areal -hermano de la mujer de Matas, Maite Areal- prestó declaración ante Castro fue el pasado mes de marzo y más en concreto en relación al pago presuntamente irregular de la reforma de la sede del PP. El imputado negó tajante que ésta que fuese sufragada con los fondos aportados por diversos empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.
Asimismo, aseguró, como lo ha afirmado este viernes, que jamás ha pedido comisión alguna. Sin embargo, Castro cuenta con la declaración que efectuó el constructor Juan Serra en la pieza principal del caso Palma Arena, en la que reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó: hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de del propio Areal.
OTRAS CAUSAS EN LAS QUE SE LE INVESTIGA
Entre las causas en las que también se le investiga se encuentra el caso Over Marketing, considerada la ramificación balear del caso Gürtel, en el que el administrador de la anterior agencia de publicidad -encargada de diseñar la campaña electoral del PP balear en 2007-, Daniel Mercado, explicó cómo Areal era quien establecía en el partido los pagos en dinero A y B.
Tal y como señaló en su día ante el juez Castro, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco, y en este contexto explicó que «el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones».
Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
Precisamente, tras declarar en su día en relación a estas afirmaciones, Areal abandonó las dependencias judiciales preguntándose ante los medios: «*Dinero negro? *Qué es eso?», negando por tanto haber cobrado dinero en B y acusando a Mercado de mentir.
Areal, al banquillo en octubre por delito electoral
Se da la circunstancia de que a partir del próximo 8 de octubre Areal se sentará en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través del extesorero, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley.
Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó el pasado mes de junio un auto en el que avala la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.
En su resolución judicial, el tribunal consideraba «verosímil» la confesión efectuada en su día por el administrador de Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro los cerca de 72.000 euros.
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