El juez responsable de la instrucción de la causa, José Castro, ha dictado hoy una providencia en la que informa a las partes del abono de dicha suma y anuncia que se destinará a partes iguales a cubrir parte de las fianzas pendientes de la hermana del Rey y de Urdangarin, a quien se le impuso una caución de 13.646.950 euros.
La mitad del resultado de la venta del chalé de Pedralbes y los 587.413 euros que la infanta consignó en la cuenta del juzgado motu proprio a finales del año pasado para hacer frente a posibles responsabilidades como beneficiara a título lucrativo de presuntos delitos de su esposo suman 1.772.049 euros.
Esta cifra supone el 65,7 % de la fianza que le impuso el juez Castro a doña Cristina, acusada de dos delitos fiscales, una cantidad que está pendiente de confirmación por parte de la Audiencia de Palma, ya que la defensa de la infanta recurrió la negativa del magistrado a aceptar una rebaja.
En su recurso ante el tribunal provincial, los letrados de la acusada criticaron a Castro por hacer «apreciaciones subjetivas» sobre ella que constituyen «un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa».
El ingreso en la cuenta del juzgado de instrucción 3 de Palma de los 2.369.272,50 euros provenientes de la venta de la vivienda de los exduques de Palma en Barcelona se llevó a cabo en cumplimiento del compromiso adquirido con el juez de Nóos para que el magistrado levantara el embargo que pesaba sobre el inmueble.
Urdangarin solicitó el pasado 27 de enero al juez Castro que alzara el embargo que pesaba sobre el chalé de Pedralbes ante la posibilidad de venderlo por 6,9 millones de euros, con el compromiso de destinar 713.988 euros a la cuenta del juzgado por la responsabilidad civil fijada por el juez para él en el caso Nóos, y 967.693 de la infanta, así como otras cantidades a saldar un crédito y pagar impuestos.
Castro aceptó el precio de venta y la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre la vivienda, pero rechazó que se destinaran 437.215 euros a saldar un préstamo adicional y casi 254.000 euros a liquidar una deuda con la Agencia Tributaria correspondiente al IRPF de 2009 de Urdangarin.
Finalmente, el juez autorizó la venta el pasado marzo, después de que la infanta y Urdangarin registraran un escrito comprometiéndose a consignar en la cuenta del juzgado 2,3 millones de euros del beneficio de la venta para cubrir parte de las fianzas que les reclama a ambos en concepto de responsabilidad civil, que suman 16,3 millones de euros.
La Audiencia ratificó dichas condiciones el pasado 5 de junio y tres días después Castro solicitó formalmente al Registro de la Propiedad número 8 de Barcelona que cancelara el embargo que pesaba sobre la vivienda de la infanta Cristina y Urdangarin en el barrio de Pedralbes, para que pudieran venderla. La operación se formalizó el pasado lunes.
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