Los dos principales acusados son los antiguos directores gerentes del instituto turístico, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern. Para cada uno de ellos, Anticorrupción reclama condenas de diez años por malversación y cohecho.
Un escalón por debajo está el exjefe de los servicios jurídicos de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, que se enfrenta a una petición de cinco años y diez meses. Uno de los contratistas, Kamal Dorai, encargado de los catering en varias ferias turísticas tiene una petición de tres años, dos y medio su mujer, Francisca Jaume y uno y medio el empresario Bartolomé Morey, al único al que se aplica un atenuante de confesión.
Anticorrupción sostiene en su escrito que tanto Alabern como Alía exigieron como compensación por varios contratos públicos el pago de comisiones que ascienden a 128.440 euros. Los empresarios repercutían luego ese sobrecoste a Ibatur, lo cual producía un perjuicio económico a la administración. Además, se les imputan varios contratos directamente simulados.
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