Tres familias baleares han solicitado la ayuda de 6.000 euros que prevé un decreto derivado de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para sufragar un centro privado cuando no se asegure la enseñanza también en castellano en escuelas públicas.
Son cifras proporcionadas este jueves por la consellera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau, en Mollerussa (Lleida), quien ha asegurado que también ha habido tres familias en Catalunya que han tramitado por el «circuito oficial» las peticiones al Ministerio de Educación.
Según ha asegurado, la Conselleria de Enseñanza está ahora analizando si los tres casos catalanes «se corresponden con los preceptos del real decreto de la Lomce -el que fija esta ayuda-», y verán si se cumplen los requisitos según la realidad de la población de los alumnos y los centros.
También ha desvelado que en la Comunidad Valenciana 25 familias han pedido escolarización en catalán, tres en Balears, y cuatro en Galicia: «Una medida que nació pensada para la realidad de Catalunya parece que tendrá más respuesta y petición en comunidades gobernadas por el propio PP», ha manifestado.
Rigau ha calificado esta situación de contrasentido, y ha añadido que al Ministerio de Educación «le ha salido el tiro por la culata».
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