En un auto dictado este martes, Castro desestima «por el momento» la petición de Matas de que decrete el archivo de su imputación en esta pieza separada número 3 del caso Palma Arena, al considerar que la instrucción no ha finalizado.
Matas es el único imputado en esta causa, después de que el juez Castro retirase el pasado 10 de junio, de forma provisional, la imputación que pesaba sobre Calatrava, así como a dos altos cargos cuyos departamentos intervinieron en la contratación del arquitecto, y al exconseller de Educació i Cultura Francesc Fiol.
Castro no da por «agotada» la instrucción y recuerda en el auto que el pasado 18 de septiembre acordó la práctica de varias diligencias en el marco de esta investigación, cuando citó a declarar a 17 testigos los próximos 6 y 7 de octubre.
En opinión del magistrado, habrá que esperar al resultado que arrojen los testimonios y otras posibles diligencias que puedan derivarse de ellos «para cuestionarse la procedencia de dar por ultimada la investigación» y en su caso «valorar si de la misma se siguen desprendiendo o no indicios de criminalidad» contra Matas, encarcelado desde julio tras ser condenado a 9 meses por otra pieza del Palma Arena.
Por otra parte, el juez Castro ha solicitado a la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats que certifique si en sus archivos obra el trabajo desarrollado por Calatrava en virtud del contrato que firmó con el Govern el 27 de abril de 2007, para proyectar un palacio de la ópera.
Castro reclama a la Conselleria que si dicho trabajo consta en sus archivos, remita al juzgado una copia del mismo, «en concreto copia de 2 CDs».
El arquitecto valenciano, a quien Matas encargó en 2007 proyectar un edificio destinado a rivalizar con los dos grandes monumentos de Palma: la catedral y el Castillo de Bellver, cobró por el diseño básico y la maqueta 1,2 millones de euros.
El proyecto, cuya ejecución tenía un coste inicial previsto de unos 100 millones de euros, se frustró porque el antiguo líder del PP balear, hoy preso por corrupción, no logró la mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2007 y fue desbancado del Govern por el pacto entre los partidos de izquierda y Unió Mallorquina.
Matas, que anunció el proyecto justo un mes antes de las elecciones, también vio frustrada su presentación pública porque la Junta Electoral la prohibió la víspera de llevarse a cabo por vulnerar la legislación.
Precisamente los gastos preparatorios de la presentación, para la que se llegó a montar una carpa en la Plaza de España de Palma y se habían editado folletos, son uno de los aspectos que la Fiscalía y el juez quieren aclarar con los testimonios fijados para octubre.
Ocho de los testigos son responsables de empresas que realizaron trabajos para esa presentación pública abortada y que cargaron por ello facturas a la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales del Govern balear que suman casi 99.000 euros.
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