Maria Antònia Munar, la mañana de este martes dirigiéndose a declarar. | Joan Torres

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La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar ha negado este martes ante el juez Antoni Rotger haber recibido una bolsa con 450.000 euros en metálico por favorecer la recalificación del polígono de Son Oms, tal como ha asegurado el exconseller de Territorio Miquel Vicens.

Munar ha prestado declaración ante el juez de Instrucción número 8 de Palma y ha negado haber sido propietaria de solares en Son Oms ni haber influido en ningún miembro del Ayuntamiento de Palma para que se aprobara la recalificación del polígono, han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga en esta causa los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias ligados a la recalificación del polígono de Son Oms, unos terrenos de origen rústico ubicados junto al aeropuerto de Palma.

Anticorrupción sospecha que los propietarios de Son Oms cedieron un 15 % de dichos terrenos mediante la simulación de varias compraventas a cinco socios ocultos tras la Gestora de Desarrollo de Son Oms, entre ellos Munar y Vicens, a cambio de que los solares fueran recalificados y se revalorizaran.

Esta investigación se inició a raíz de que Vicens confesara hace unos meses, durante la celebración de otro juicio por presunta corrupción, el del caso Can Domenge, que entregó dinero procedente de comisiones ilegales a Munar por la recalificación del polígono de Son Oms.

Vicens este martes se ha ratificado en dicha confesión y la ha detallado, mientras Munar ha negado cualquier relación con el presunto pelotazo urbanístico.

Ante preguntas sobre la gestora que se habría repartido los beneficios de vender el 15 % de Son Oms tras su recalificación, Munar ha dicho que no sabe lo que es, que solo ha leído sobre el asunto en los periódicos y que nunca tuvo nada que ver con dicha sociedad.

Vicens ha detallado que los socios ocultos de esa sociedad eran Munar, el abogado Jaime Montis, el expresidente del Parlament Maximiliano Morales, el ex director general de Comercio Francisco Truyols y él mismo.

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Según la expresidenta, hay un malentendido sobre Son Oms que se originó hace 25 años, por el que se le atribuye parte de la propiedad a su marido, quien tiene el mismo nombre y localidad de residencia que el dueño de un huerto de la zona.

Ha admitido que durante un tiempo utilizó un despacho de Morales para preparar su tesis doctoral porque tenía una importante biblioteca de derecho y una sala donde trabajar y ha detallado que el expresidente del Parlament se la dejó porque habían coincidido trabajando para el partido.

Munar ha asegurado que la decisión de recalificar Son Oms fue del Ayuntamiento de Palma, administración competente para ello porque el Consell de Mallorca no hace polígonos.

Según Munar, el Consell de Mallorca controló la legalidad de esa recalificación y redujo su ámbito. Ha añadido que cuando votó a favor del cambio urbanístico en el pleno de la institución no pensaba que afectara a un propietario concreto.

Del mismo modo, ha señalado que cuando el Consell de Mallorca aprobó un aumento de la edificabilidad de Son Oms en 2004, su intervención se limitó a votar cuando llegó dicho punto, como hacía con todos los demás.

Munar ha asegurado ante el juez que no ha recibido ninguna contraprestación por su voto en el pleno del Consell.

Por su parte Vicens ha detallado antes ante el juez Rotger que cuando se vendieron a la promotora Grup Fer los solares que él y la líder de UM habían recibido por la recalificación del polígono industrial, el abogado Jaume Montis le entregó una bolsa con dinero para que se lo diera a la presidenta del Consell y así lo hizo.

El exconseller de Territorio supone que en la bolsa había billetes que sumaban la misma cantidad que él cobró a través de facturas por la venta de su terreno, además de una nota de liquidación.

Ha insistido en que Munar era uno de los socios ocultos de la empresa a través de la cual se repartieron los fondos obtenidos con la cesión del 15 % de los terrenos pactada con sus propietarios a cambio de la recalificación, no del posterior incremento de la edificabilidad de las llamadas «zonas M».