El expresidente del Govern balear Jaume Matas no entrará en la cárcel para cumplir la condena firme de 9 meses que pesa sobre él por tráfico de influencias hasta que el Gobierno tome una decisión sobre su solicitud de indulto.
La Audiencia de Palma ha aceptado hoy la petición planteada por la defensa de Matas tras demandar al Ejecutivo central que indulte al exministro de Medio Ambiente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
La sección primera de la Audiencia suspende la ejecución de la condena de acuerdo con la Fiscalía, que se mostró conforme con la anulación después de que el expresidente autonómico solicitara la medida de gracia al Gobierno argumentando que su ingreso en prisión era contrario al propósito resocializador de la pena.
Los magistrados entienden que, dado que el tráfico de influencias por el que se condenó a Matas se produjo hace más de siete años «y para no convertir en ilusorio el eventual otorgamiento del indulto, es procedente suspender el ingreso en la cárcel hasta que se resuelva la petición de indulto.
No obstante, advierte que este beneficio podría ser revocado si el exministro incumple la condición de presentarse mensualmente en un juzgado de guardia de la localidad donde resida.
Para el caso de que la petición de indulto no hubiese sido respondida antes, la Audiencia ordena la revisión de la suspensión de la pena en mayo de 2018.
El Tribunal Supremo rebajó el año pasado a 9 meses y un día de cárcel por tráfico de influencias la condena a 6 años de prisión que en 2012 impuso al expresidente balear la Audiencia por distintos delitos de corrupción.
La condena firme castiga el trato de favor que brindó Matas desde la presidencia del Govern autonómico a un periodista que le escribía discursos, Antonio Alemany, quien también obtuvo la suspensión de la pena de 2 años y 3 meses de cárcel que le confirmó el Supremo tras pedir el indulto.
El pasado diciembre recayó sobre el antiguo líder del PP balear una segunda condena por corrupción, tras considerar probado un jurado popular que cometió cohecho al presionar a un empresario para que pagara a su esposa, Maite Areal, 42.000 euros por un trabajo ficticio. En este caso la pena fue una multa de 9.000 euros.
Matas está imputado por otros presuntos delitos cometidos cuando estuvo al frente del Govern balear en el periodo 2003-2007, en el marco de la causa conocida genéricamente como caso Palma Arena.
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