La Audiencia Provincial de Palma, que ha impuesto seis años de prisión a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, y ha condenado a otros cinco acusados en el marco del caso Can Domenge, apunta en su sentencia a la existencia de un "móvil económico" que llevó a los inculpados a beneficiar a la promotora Sacresa con la venta de los solares palmesanos por debajo de su valor real, siendo un negocio de "tan sabrosas perspectivas" y todo ello "merced a algún tipo de cohecho que movió las voluntades apropiadas".
Si bien el tribunal no entra a valorar la existencia del presunto soborno -cuyo pago está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma-, asevera no poder "vendarse los ojos" e ignorar las confesiones vertidas al respecto, dando respaldo por tanto "al móvil económico para justificar la venta por concurso y precio topado" y no mediante el procedimiento de subasta, que hubiera imposibilitado el "manejo" del proceso y la obtención de algún tipo de comisión.
Tal y como recalca la resolución, existen elementos e indicios que apuntan al "concierto fraudulento" al que llegaron los acusados para defraudar al Consell con la venta de Can Domenge, el bien inmueble "de mayor valor que tenía entonces la institución", por 30 millones de euros, cuando varios peritajes elevan su precio por encima de esta cantidad. Según la sentencia, para beneficiar a Sacresa y sin que su actuación "en modo alguno estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación".
El tribunal recalca cómo Munar "supervisó la totalidad de la tramitación, coordinando y decidiendo qué conseller debía efectuar qué trabajo y delegando si era necesario sus funciones", y asevera que fue de ella de quien partió "el falaz argumento" de que el proceso buscaba un proyecto emblemático para justificar el concurso y no la subasta.
Además, añade, la expresidenta era la persona competente para decidir la contratación mientras que, para dar apariencia de regularidad al expediente, procedió a ampliar el plazo del concurso quince días más y sugirió al entonces conseller de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer -también condenado-, que avocase la propuesta de adjudicación al pleno del Consell, "con el objeto de acallar los rumores de amaño del concurso, sabedora de que el pleno le daría respaldo gracias al pacto de gobernabilidad suscrito (por UM) con el PP".
El tribunal, que condena a Munar por un delito de fraude a la Administración (tres años) y por otro de revelación de secretos (tres años), considera "incomprensible" que los acusados y en consecuencia el Consell realizaran la venta mediante concurso en lugar de ir a una subasta, "que es el procedimiento normal de enajenación de bienes inmuebles", asevera la sentencia.
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