Las explotaciones mineras deberán obtener la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014

Actualmente en Baleares hay 1.025 explotaciones "sin obligación de restaurar" -883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Eivissa y seis en Formentera-. Según ha dicho el conseller en rueda de prensa, el sector, que agrupa a 124 explotaciones activas, produce 2,4 millones de toneladas al año y emplea directamente a 422 personas.

Así, con la futura Ley, que el Govern pretende que sea la culminación de un proceso de amplio debate público, se trata de garantizar la protección del medio ambiente.

Una de las novedades importantes del texto presentado este miércoles es la actualización de la cuantía de las fianzas y que por primera vez se introduce el volumen de la explotación para su cálculo. Actualmente, los avales se calculaban únicamente en función de la superficie y a razón de 3.000 euros por hectárea, lo que hacía que frecuentemente los explotadores renunciaran a la recuperación de su depósito sin restaurar el terreno.

No obstante, en el futuro se tendrán en cuenta dos posibilidades y será de obligada aplicación la de mayor cuantía, por lo que los concesionarios de las canteras tendrán que entregar 7.000 euros por hectárea o 40 céntimos por metro cúbico, lo que significará unas cantidades superiores. Las fianzas se abonarán por fase de ejecución, pudiéndose recuperar cada una de ellas a partir de la restauración del terreno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA RESTAURACIÓN DE EXPLOTACIONES

Además, se articularán medidas para asegurar la restauración de las explotaciones que no hayan sido rehabilitadas y se podría llegar, como medida excepcional, a su expropiación por parte de la Administración.

La propuesta técnica del Anteproyecto contempla con alto grado de excepcionalidad atender solicitudes de explotación en zonas de relevancia ambiental. Solamente se podrán plantear cuando no haya otras alternativas y que el plan se tenga que ejecutar "por razones imperiosas de interés público de primer orden".

En ese "improbable supuesto", ha indicado el Govern, los requisitos serán mucho mayores que en cualquier otro caso. En primer lugar será necesario el procedimiento europeo de evaluación adecuada, específico para zonas especialmente protegidas, Xarxa Natura 2000. Por otro lado, tendrá que obtener la declaración de impacto ambiental favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente, junto a un informe favorable del Consell de la Minería, y otro del municipio. Además, si se presentara algún proyecto de estas características debería aplicar medidas de compensación antes de iniciar la explotación.

PERMITIR LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO AFECTADO

García, acompañado por el director general de Industria y Energía, Jaime Ochogavía, ha indicado que la propuesta técnica del texto servirá como base a un nuevo marco legislativo que pretende permitir la recuperación del territorio afectado por las canteras abiertas, abandonadas y futuras.

Asimismo, el nuevo marco legal responde a una necesidad de regulación del sector y creará seguridad jurídica, además de favorecer el desarrollo económico, con la consiguiente creación de riqueza y aumento de la ocupación.

El borrador recoge técnicamente la realidad del sector y "pretende responder a la necesidad evidente de una regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear, a la vez que conciliar un bien jurídico fundamental y digno de protección, como es el medio ambiente, con el desarrollo económico, la creación de riqueza y la ocupación", según la exposición de motivos del texto.

Con la futura Ley, Baleares se convertirá en una de las primeras Comunidades que regula las propias minas, así como canteras, salinas, manantiales e instalaciones geotérmicas. El propio borrador subraya que "realmente se hacía necesario que se aprobase una ley que desplegase la legislación básica minera atendiendo a las características y necesidades del sector minero de Baleares, sin menoscabo de la necesaria protección del medio ambiente".

Cabe destacar también que el borrador prevé la obligatoriedad de "restauración" de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. Se hará por fases de explotación y directamente desde la primera. No se trata simplemente de "rellenar", sino que se debe dejar el lugar "en estado satisfactorio".

El documento técnico presentado señala que no se permitirá la caducidad de un permiso de una explotación de una cantera antes de que se haya restaurado. En caso de incumplimiento se contemplan duras sanciones.

PLAZO DE UN AÑO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El borrador prevé unas disposiciones adicionales, para la actualización y regulación de las autorizaciones y concesiones de canteras. En la propuesta del departamento que dirige Joaquín García se contempla un periodo de un año para presentar la correspondiente solicitud en explotaciones con proyectos presentados en la Administración anteriormente a la entrada en vigor de la futura Ley.

Las explotaciones que no se acojan al procedimiento de "actualización" se declararán caducadas y con obligación de restaurar. En caso de no hacerlo se cursará expediente sancionador y podrían llegar a ser reutilizadas o restauradas por la propia Administración en casos excepcionales.

Si los derechos mineros que se pretenden actualizar o regularizar afectan a zonas de relevancia ambiental tendrán que incluir la tramitación como medidas de compensación: la restauración o mejora del hábitat en proporción a la pérdida originada en el lugar protegido, así como la recuperación de un hábitat en otro lugar o ampliado con una proporción mínima de 1,5 metros cuadrados por cada metro cuadrado afectado, espacio que se incorporarán a la Xarxa Natura 2000.

REGISTRO MINERO Y CONSELL DE LA MINERÍA

Por otro lado, se propone la creación de un registro minero, así como la constitución del Consell de la Minería, como órgano consultivo y de asesoramiento de Balears, en el marco de defensa ambiental y el desarrollo sostenible. Su objetivo será estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados para fomentar una política minera insular sostenible.

De este nuevo órgano formarán parte ayuntamientos, federaciones de municipios, organizaciones sindicales y empresariales, así como colegios profesionales, asociaciones de defensa del medio ambiente y otros agentes socio económicos.

El texto estará abierto hasta el 1 de octubre a cualquier posible aportación para mejorarlo. Posteriormente, iniciará su tramitación administrativa, con el correspondiente periodo abierto a alegaciones, hasta la presentación al Parlament para su correspondiente tramitación.

El Govern cuenta con, entre otras aportaciones en la fase inicial, con las de los diferentes grupos parlamentarios, Consells Insulars, Felib, Delegación de Gobierno y diferentes departamentos del Govern, así como los Colegios Oficiales de Geólogos, Físicos, Químicos e Ingenieros de Minas, y las asociaciones Caeb, Pime, de constructores, fabricantes de áridos y canteras, CCOO, UGT, Amics de la Terra y GOB, entre otros.