El abogado de Rodríguez defiende que el trabajo del dirigente del PP era "la acción política" y no la económica

En declaraciones a los medios al término de los interrogatorios celebrados este sábado en el marco de esta causa, entre ellos el del propio Rodríguez en calidad de imputado, el letrado ha aseverado que el dirigente 'popular' no manejaba las cuestiones relacionadas con las cuentas del partido.

El abogado ha llegado a aseverar que Rodríguez en ningún momento ha sido inquirido sobre el pago de dinero negro al dueño de Over, Daniel Mercado, a pesar de que su propio defendido ha apuntado que sí, pese a haber negado ante el juez que él abonase cantidades en 'B'. "Lo único negro que hay es el cielo", ha llegado a ironizar Rodríguez Miranda.

Respecto a dos contratos menores de los que la empresa publicitaria se benefició de la Conselleria de Interior, el abogado ha apuntado, en base a lo declarado por su cliente ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que se trataba de dos trabajos distintos y que por tanto no se produjo un fraccionamiento de contratos por el mismo concepto.

En concreto, dos facturas son las que han centrado la atención de los investigadores y sobre las que ha sido preguntado Rodríguez, una de ellas emitida el 6 de octubre de 2004 por Link América, perteneciente al entramado societario de Over, por 7.800 euros (9.048 con IVA) para la creatividad de la imagen de la Policía Turística del Govern pese a que el concepto real del trabajo era, presuntamente, el del acceso a la función pública.

Mientras tanto, la otra factura fue emitida por Over el 18 de ese mismo mes por 10.200 euros (11.832 más IVA) por el concepto 'Creatividad de la campaña para la difusión de la oferta pública de empleo del Govern', que la Fiscalía apunta a que parece responder al mismo concepto que la anterior, de forma que sumadas superan con creces los límites de un contrato menor.

Al respecto, el administrador de Over confesó ante el juez que Rodríguez fue quien le hizo el encargo de la creatividad de la oferta pública y de la Policía turística, pactando verbalmente un precio de alrededor de 20.000 euros que se debía fraccionar en dos facturas que no superasen cada una los 12.000 euros a fin de evitar un negociado sin publicidad.