El PP esperará a la declaración del presidente del Parlament, Pere Rotger, del próximo 18 de noviembre, para pedirle que ponga su cargo a disposición del partido, ha informado el portavoz del Govern, Rafael Bosch.
Después de que el juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, haya imputado a Rotger, Bosch, tras dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern, ha recordado que el Código Ético del PP contempla que si un miembro de la formación es imputado éste debe poner su cargo a disposición del partido, para que los órganos internos de éste decidan en consecuencia.
Así, ha considerado que el actual presidente de la Cámara tendrá que poner su cargo a disposición del PP, si bien ha añadido que "lo razonable" es que lo haga tras su declaración del día 18. De esta manera, el partido esperará a "los próximos días" puesto que sería "paradojal" que le hiciesen poner su cargo a disposición del partido y posteriormente el juez el retirase la imputación.
Bosch, quien ha mostrado su "respeto" a las actuaciones judiciales, ha recordado que el Código Ético del PP recoge tres aspectos destacados: que no llevará imputados en sus listas electorales, que los imputados deben poner su cargo a disposición del partido, y que se inicia el proceso de expulsión si hay medidas cautelares. "Se seguirá el procedimiento habitual", ha añadido.
No obstante, ha recordado el levantamiento provisional que se ha producido este viernes del alcalde de Inca, Rafael Torres, y, por ello, ha explicado que "lo razonable" sería exigir a Rotger que ponga su cargo a disposición del partido una vez que ya haya declarado ante el juez.
Rotger ha sido imputado en esta causa, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP, después de que Torres apuntara en su declaración como imputado ante el juez Castro que fue su antecesor en el cargo y actual presidente del Parlament, quien encargó a la empresa Over Marketing la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).
Durante su comparecencia ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto "estaba enfermo" y, además, vio que el proyecto "estaba bien hecho".
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