El sindicato UGT informó ayer del auto que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) en el que se suspende la subida de casi un 25 por ciento del sueldo del personal de designación política de la Presidencia del Govern autonómico, y que desestima el recurso de reposición que interpuso el Govern contra el auto del 22 de marzo de este año.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, explicó en rueda de prensa que ese auto condena en costas al Ejecutivo, lo que supone que el Govern tiene un auto "que tiene que cumplir" y que "el dinero percibido por las personas tienen que retornarlo a las arcas públicas". "Ese dinero es de los ciudadanos y tiene que volver a los ciudadanos", remarcó. Al respecto, el secretario de Administración Autonómica, Jordi Crehuet, indicó que los puestos afectados serían siete y que la media de aumento está entre los 4.000 y 6.000 euros por cada puesto y sobre el cómputo anual.
"Mensualmente han ido cobrando la parte proporcional de este aumento y que por designación del presidente recaía sobre su plaza", señaló, al tiempo que recalcó que había personas que pasaban de cobrar 46.000 euros a 50.000 y otros de 46.283 a 52.000 euros. Con todo, Romero se refirió "a la desfachatez del Govern al decir que al aumentar la carga de trabajo procedía a aumentar el sueldo", algo que UGT considera un "insulto", ya que "al resto de los mortales nos suben la carga de trabajo y nos bajan los sueldos".
Responsabilidades
"Estamos muy satisfechos, porque al condenar en costas al Ejecutivo se está reconociendo que hay mala fe de la Comunidad Autónoma, y si hay mala fe es que se ha intentado jugar con los tiempos de la justicia par alargar esa aberración jurídica que es el pagarle a ese personal casi un 25 por ciento", espetó.
Por ello, reconoció que "es una satisfacción el ver que la quema es para todos" al tiempo que hizo alusión a la complicada situación de los funcionarios y advirtió de que "alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas y responder por las decisiones políticas" adoptadas. "Esperamos que el Govern no vuelva a destinar recursos de la ciudadanía, de los impuestos, a defender lo que es moral y éticamente indefendible ya que el dinero de los ciudadanos no está para estas cosas", subrayó, al tiempo que afirmó que "el nivel para dimitir" lo fijará el propio Ejecutivo y que desde el sindicato no van a pedir "la dimisión de un político".
En este sentido, enfatizó que en el Ejecutivo "deberían asumir responsabilidades políticas del tipo que ellos consideren oportunos y del nivel moral que fijen ellos" y que con esto "se verá el nivel de los políticos de Balears para asumir responsabilidades políticas". "La pelota está en su tejado", aseveró.
Así, Romero insistió en que desde UGT plantearon un recurso contra la modificación de la redacción de los citados puestos de trabajo porque entendían que los Presupuestos estatales del año 2011, que estaban en vigor en ese momento, impedían el aumento de las retribuciones.
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