Acusan al exgerente de Bitel de transferirse fondos de la empresa un día después de cesar

Así lo ha puesto de manifiesto durante la vista oral que ha comenzado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, donde Simonet ha recordado, a preguntas del fiscal Pedro Horrach, cómo un día después de dejar el cargo pidió permiso a su sucesora, Antònia Febrero, para entrar en su despacho y emplear su ordenador a fin de hacer "unas gestiones", a lo que accedió la nueva directora gerente.

Fue en ese momento cuando, ha relatado el inculpado, Vidal -para quien la Fiscalía solicita 14 años de cárcel- efectuó las transferencias en una cuenta propia con el objetivo de cobrar, entre otros fonfos, complementos salariales a pesar de que ya no ostentaba el cargo que había ocupado durante los cuatro años de legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Junto a Simonet también se sientan en el banquillo el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera; el ingeniero informático Iván Guardia; el ingeniero y exdirigente de Nuevas Generaciones del PP Ramón de la Iglesia, quienes han reconocido su participación en los hechos enjuiciados, así como el propio Vidal, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

En concreto, el Ministerio Público postula que los inculpados habrían incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, defraudación, falsedad documental y revelación de secretos en torno a la gestión de la entidad Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel). Así, solicita una multa de 5.400 euros para Romaguera; un año y ocho meses de prisión para Guardia y De la Iglesia, y dos años para Simonet.

Todos ellos han aseverado que las decisiones que adoptaron en el marco de los hechos investigados fue por orden de Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros y quien fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Así, De la Iglesia ha afirmado que "siempre respondía de Vidal" cuando éste le encargaba que realizase diversos trabajos de su especialidad -seguridad en informática-, que según la acusación pública sirvieron para simular la legitimidad de las transferencias investigadas en la causa y que presuntamente no se hicieron o simplemente fueron plagiados de Internet. No obstante, ha asegurado que éstos no fueron copiados de la red al tiempo que ha aseverado que no llevaba los asuntos de facturación.

Por su parte, Guardia ha manifestado en esta misma línea que fue Vidal quien le encomendó la realización de los trabajos si bien la finalidad de éstos "no era de mi incumbencia". En cualquier caso, el acusado ha llegado a aseverar que no percibió la utilidad práctica de estos servicios ni tiene "constancia de que tuvieran alguna salida", excepto en el caso de un estudio que realizó para el Fogaiba y otro para IB3.

Mecanismos para desviar los fondos públicos

La Fiscalía sostiene que Vidal, defendido por el letrado Eduardo Valdivia, ideó y planificó diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de las arcas públicas de las que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad pública, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

En su escrito de calificación, la acusación asevera que el principal acusado de este caso utilizó varios mecanismos para hacerse con el dinero público, entre ellos haciendo uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado, realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia, adjudicando contratos a una empresa de su propiedad y cobrando comisiones por contratos, que ascenderían a unos 30.000 euros.

Cabe recordar que la vista fue suspendida el pasado 20 de febrero, debido, entre otros motivos, a que no les había sido notificado el escrito de acusación de la Fiscalía a las empresas Hélix Infocom y Auditoría Informática Balear, que deben responder como responsables civiles subsidiarias.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.