Balears ha contraído una deuda con diferentes proveedores de servicios sanitarios durante el año pasado, que asciende a 476 millones de euros, según los datos de un estudio elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
El informe, que contiene datos elaborados por diferentes patronales del sector, indica que el Ejecutivo autonómico adeuda 216 millones de euros a proveedores de medicamentos a hospitales (36,1% más que en 2010), lo que supone una deuda por habitante de 194 euros, y presenta un promedio de demora en el pago de 848 días.
Por otro lado, los impagos con las empresas de tecnología sanitaria en 2011 alcanzaron los 140 millones de euros, lo que equivale a una deuda por residente de 126 euros, y el plazo medio de pago asciende a 716 días.
A estas cantidades, el estudio también apunta a un endeudamiento de 120 millones de euros el año pasado con las oficinas de farmacia de la comunidad.
A nivel general, el informe concluye que las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millones más en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la actual Ley de Morosidad.
La actual Ley de Morosidad establece que las administraciones tienen 50 días de máximo para pagar a sus proveedores y, en caso de sobrepasar este plazo, los acreedores tendrían derecho a unos intereses de demora que, de no quedar establecidos por contrato, se regirían por el tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación (subasta a tipo fijo) más siete puntos porcentuales.
Actualmente, las Comunidades superan estos plazos de demora con prácticamente todos sus proveedores y, de hecho, de los más de 15.000 millones de euros de deuda ya ha vencido un 74 por ciento (unos 11.620 millones).
De este modo, y teniendo en cuenta el tipo de interés de demora correspondiente al primer semestre de 2012, que sería de un 8 por ciento, el IDIS estima que las Comunidades deberían de pagar 930 millones de euros más en concepto de intereses
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