El Parlament valida el decreto ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha considerado que con esta normativa se garantiza la seguridad jurídica en las islas y ha negado que, tal y como señala la oposición, suponga una "desregulación salvaje". "Es el primer paso para ir hacia la Ley del Suelo, de la que en breve podremos hablar, para en un año tenerla sobre la mesa".

La 'popular' Virtudes Marí ha negado también que el decreto ley suponga urbanismo a la carta puesto que "tiene vocación de aplicación en todo el territorio", y no "para casos concretos". Además, ha indicado que serán los ayuntamientos los que decidirán cuándo y dónde aplicar las normas y que "permite una rápida adaptación del planeamiento a la realidad", algo que "responde a la realidad de las islas".

Por su parte, los grupos de la oposición han criticado la falta de consenso y diálogo del Govern con este tema, pese a que el Ejecutivo les ofreció un Pacto por el territorio. En este sentido, el socialista Jaume Carbonero ha lamentado que les ofrezcan ahora participar en el proceso de enmiendas cuando la "norma es de aplicación directa" desde su aprobación en el Consell de Govern del pasado 17 de febrero.

Mientras, el diputado del PSM-IV-ExM, Antoni Alorda, ha reprochado que aseguren que la normativa aporta una mayor seguridad jurídica cuando los alcaldes todavía desconocen cómo les afectará exactamente. Además, ha criticado lo que él considera un "sarcasmo" por incluir el término "sostenible" en el nombre del decreto.

Protección del patrimonio

"¿Por qué damos privilegios por razones de índole territorial o paisajística? Parece que lo que quieren es regularizar las urbanizaciones ilegales", ha indicado Alorda, quien también ha criticado otros muchos aspectos del decreto como que exima a los asentamientos de disponer de alcantarillado o la posibilidad de modificar el planeamiento sin que disponga de un catálogo de protección del patrimonio histórico.

Según la coalición econacionalista, esta normativa enfrenta dos modelos diferentes, el de las personas que consideran que ya hay suficiente construido en la comunidad y el de quienes "no dejarían nada verde".

El socialista Jaume Carbonero ha reprochado que el Govern desee legalizar parcelaciones ilegales y que, para hacerlo, se ampare en una supuesta sostenibilidad y seguridad jurídica. En este sentido, también ha apuntado que desean legalizar las urbanizaciones desclasificadas por la Ley 4/2008, así como "otras" que no ha querido citar "para no dar ideas".

Posible efecto llamada

También ha lamentado el "efecto llamada" que provocará el decreto que ha sido convalidado este martes a "los que piensen que podrán hacer una actuación y luego vendrá un Govern que les legalizará".

El PP, por su lado, ha hecho hincapié en que con el decreto se "da respuesta con valentía y claridad a la falta de seguridad jurídica" y ha añadido que serán los ayuntamientos los que decidirán la aplicación de estas normas pero "con respeto a la normativa ambiental y a los planes territoriales".

No obstante, ha admitido que este decreto ley "no lo arregla todo" por lo que "seguro que es mejorable" y, en este sentido, se ha referido a la conveniencia de que se tramite como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas.

Company niega que beneficie a infractores

Company ha explicado cada uno de los capítulos que contiene el decreto y ha negado algunas afirmaciones como el hecho de que beneficie a los infractores. "Está hecho con la mejor de las intenciones, sin presiones. Me gustaría sumar esfuerzos para solventar los problemas que nos piden los ayuntamientos".

Uno de los aspectos que ha remarcado es que se fijan medidas de simplificación y agilización, como la posibilidad de modificar el planeamiento urbanístico aunque éste no esté adaptado a instrumentos de ordenación territorial o no contenga el catálogo de protección del patrimonio histórico o la posibilidad de modificar la delimitación de polígonos o unidades de actuación, o del sistema de gestión.

Además, permite ampliar los usos que se pueden implantar en suelo rústico de forma justificada y contiene un conjunto de disposiciones que "pretenden dar solución a problemas muy concretos".