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El Parlament balear debatirá mañana una interpelación socialista dirigida a analizar la reforma laboral aprobada por el Gobierno central y las consecuencias que, según ha denunciado hoy la diputada Joana Barceló: el aumento de la exclusión social y la desprotección de dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración. Los primeros, porque los incentivos para contratarles no están vinculados a la mejora de su formación y porque el nuevo contrato de prueba, que no dará lugar a indemnización si hay un despido y que podrá encadenarse hasta durar tres años es, según Barceló, "más cutre" que los actuales contratos temporales. En cuanto a los parados que llevan al menos un año inscritos en el servicio de ocupación y no han encontrado trabajo, serán "cada vez más difíciles de recolocar", ha declarado la diputada del PSOE, porque los incentivos a la contratación dan prioridad a aquellos que cobran una mayor cantidad de prestación por desempleo y llevan menos tiempo en el paro. Se trata de una "discriminación", ha afirmado Barceló, que se produce de manera indirecta, ya que el empresario tendrá una deducción fiscal del 50 por ciento de la cantidad que cobra el trabajador al que saca de las oficinas del paro. "Y el Estado también ahorrará dinero en prestación", ha señalado la parlamentaria menorquina, quien cree que la Administración, en concreto el Govern balear, debe ser capaz de articular programas de apoyo para estos dos colectivos de trabajadores.

Barceló ha asegurado que, a medida que se desgranan los detalles de la reforma laboral ya en vigor, "a los socialistas nos preocupa extremadamente, porque es una reforma que profundiza en la crisis social, en la exclusión". La reforma tiene "un contenido ideológico" y supone, ha añadido, "un paso atrás de la Administración" y un traspaso "de la responsabilidad total de la creación de empleo a los empresarios".