El expresidente del Govern Jaume Matas ha llegado en torno a las 9.45 horas de este lunes a la Audiencia Provincial de Palma, donde ha sido recibido por alrededor de una treintena de ciudadanos que se han acercado a las dependencias de la Vía Alemania y han lanzado insultos y gritos al exdirigente como "ladrón", "chorizo" o "devuelve el dinero".
Matas ha llegado a los juzgados de la Audiencia Provincial en medio de una gran expectación mediática -había 130 periodistas acreditados- y minutos después de que llegaran el resto de personados en la causa este lunes. El expresidente ha llegado en coche y ha pasado sin hacer declaraciones entre el gran despliegue de medios de comunicación y el amplio dispositivo policial organizado.
Durante la espera de la llegada del expresidente, los expectantes han estado gastando bromas acerca de si éste llegaría "en bici" a su cita con la Justicia o de si "tendría que hacer promoción" para ello.
Los concentrados han colgado carteles con frases como "cinco millones de parados, devuelve lo robado al pueblo" o "familias con hijos los echan de sus casas y tú de lujo con el dinero robado al pueblo, ¡Viva la Pepa, mi querida España!".
El primero en llegar a los juzgados ha sido el administrador de la empresa Nimbus, Miguel Romero, que presuntamente facilitó la tramitación de pagos irregulares al periodista Antonio Alemany, que era el redactor de los discursos del expresidente.
Tras él, ha llegado la jefa del gabinete de Matas entre 2003 y 2004, María Umbert, seguida de la exsecretaria general técnica de la conselleria de Relaciones Institucionales, Dulce Linares.
El exdirector de Comunicación del Govern Joan Martorell ha llegado justo antes que Alemany, momento en el que se han escuchado los primeros gritos de los ahí presentes.
Es la primera vez que Matas se sienta en el banquillo de los acusados desde que estallase el caso Palma Arena hace ya más de dos años, caso por el que arrastra una fianza penal de dos millones y medio de euros a sus espaldas.
El exlíder del PP balear y exministro de Medio Ambiente será juzgado por presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita un total de ocho años y medio de cárcel contra él, la misma pena que reclama la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
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