El Govern dejará de asistir a víctimas de delitos a través de sus oficinas

La decisión se ha tomado después de que finalmente no se haya llegado a un acuerdo con los colegios oficiales de Abogados y Psicólogos, que rechazan la propuesta de reducir el número de horas de asistencia prestada en proporción a la rebaja de dinero disponible para el servicio.

No obstante, desde el Govern se señala que la atención a las víctimas "está garantizada" por los servicios que ofrecen otros organismos e instituciones competentes de la Comunidad Autónoma.

Así, las Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito se crearon a raíz de la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos, con el objetivo de garantizar la atención psicológica y social de estas personas. Sin embargo, Baleares había sido pionera al abrir su primera oficina de estas características el año 1989.

Fue en 1997 cuando se firmó un convenio de colaboració entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para poner en marcha otra oficina a las dependencias de los juzgados de instrucción y de lo penal de Palma. Se trataba en realidad de una encomienda de gestión, de forma que la competencia seguía siendo del Ministerio, que se debía hacer cargo proporcionando el local y los servicios necesarios para su mantenimiento, mientras que el Gobierno se comprometía a proporcionar los recursos materiales y personales por atender a las víctimas.

Con posterioridad, el 2008, el Gobierno y los colegios oficiales de Abogados y Psicólogos firmaron un convenio en materia de asistencia a las víctimas del delito, que se ha ido prorrogando hasta la actualidad.

"Complicada situación económica"

No obstante, en el 2011, y en virtud a este acuerdo, los colegios oficiales tenían el compromiso de ofrecer 202 horas de asistencia semanal (106 jurídicas y 96 psicológicas) por un importe de 142.859 euros en el primer caso y 122.486 en el segundo, alcanzando un total de 265.346 euros.

Sin embargo, y atendiendo a la "complicada situación", la Dirección general de Interior se ha visto obligada a plantear una reducción de su aportación económica, proporcional a las horas de servicio convenidas. De este modo, se propusieron 80.864 euros para 60 horas de asesoramiento legal y 71.450 euros para 56 horas de apoyo psicológico, condiciones que han sido rechazadas por ambos colectivos profesionales.

Este desacuerdo, así como la falta de los medios personales necesarios por garantizar una atención, orientación y asistencia adecuada, es el que obliga a la Dirección general de Interior, Emergencias y Justicia a cancelar el servicio a partir del 1 de enero de 2012 en sus dos oficinas de Palma y a las de Calvià, Inca, Manacor, Playa de Muro, Ciutadella, Maó, Eivissa y Formentera.

Asimismo, desde este departamento del Govern también se señala que la decisión está avalada por un informe de los Servicios Jurídicos del Govern en el que se asegura que "la competencia en materia de asistencia a las víctimas del delito es del Ministerio de Justicia y no de la CAIB".

Aún así, la Dirección general recuerda que los ciudadanos no se quedan "ni desatendidos ni desprotegidos", puesto que el servicio a las víctimas está garantizado por las diferentes administraciones.

En el caso de Baleares, los afectados pueden ser atendidos, en función de sus necesidades, por el Instituto Balear de la Mujer, los Servicios Sociales, los juzgados de Violencia de Género, el Servicio de Atención al Menor, las unidades de Salud Mental, los centros de Atención Primaria, Guardia Civil, Policía Local, Policía nacional y oficinas de Defensa de los Derechos del Menor.