Pumpido afirma que Urdangarín no recibirán un trato diferencial

En declaraciones a los medios antes de iniciarse en Palma la Junta de Fiscales Superiores, Conde-Pumpido ha asegurado que el Ministerio Público está trabajando en relación a las investigaciones sobre el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, "exactamente igual que con otros casos", y ha aseverado no haber recibido ninguna presión de la Casa Real para no imputarle en el marco de la pieza 25 del caso Palma Arena.

El fiscal general ha apuntado que no hay ninguna decisión tomada sobre el posible encausamiento del duque de Palma en esta compleja causa, si bien ha precisado que ello dependerá de la postura del Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas y, en última instancia, del juez José Castro. Además, ha añadido que en materia penal hay disposiciones específicas que afectan al Rey y a su heredero pero no a otros miembros de la Casa Real.

"La Fiscalía está trabajando intensamente con el análisis de la documentación incautada en el marco de estas investigaciones", ha aseverado Conde-Pumpido, quien ha señalado que una vez revisada Salinas tomará una decisión sobre cómo deben continuar las pesquisas. En cualquier caso, ha apuntado que esta pieza del caso puede continuar instruyéndose en Palma bajo la dirección de Salinas en lugar de ser asumida por la Audiencia Nacional, en contra de lo que solicitó la defensa del expresidente del Govern, Jaume Matas.

Al ser preguntado, al hilo de lo anterior, por el hecho de que Conde-Pumpido rechazase en su día que fuesen prorrogadas las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía para investigar el patrimonio del expresidente -y que por ello fueron judicializadas dentro del caso Palma Arena-, el Fiscal General ha precisado que "no se decretó que no continuasen las investigaciones sino que no debían continuar como diligencias informativas, a expensas de lo que decidiese el juez".

En este contexto, ha recalcado la necesidad de que sea reformada la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que pueda ser adoptado el modelo procesal de otros países europeos y del resto del mundo, a fin de que "la iniciativa investigadora esté en manos de la Fiscalía y el juez garantice los derechos fundamentales".

En concreto, la denominada Operación 'Babel' investiga un supuesto desvío de 2,3 millones de euros del Govern balear a través del Instituto Nóos, presidido entre el 28 de noviembre de 2004 y el 14 de junio de 2006 por el duque de Palma.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya puso de manifiesto la pasada semana que por el momento descarta imputar a Urdangarín, a la espera de analizar toda la documentación incautada en diversos registros llevados a cabo en Barcelona.

Concretamente, la Fiscalía apunta a que tanto Urdangarín como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".