Las patronales menorquinas PIME y CAEB valoran de forma positiva la nueva Ley de Emprendedores y de Apoyo a Pymes y Microempresas que el Govern pretende aprobar a finales de mes.
La normativa contempla la eliminación de tasas fiscales a aquellas empresas consolidadas y que hayan demostrado en un plazo mínimo de dos años que son rentables, al tiempo que, por el contrario, no establece ningún tipo de subvención para la creación de nuevas empresas. La Ley fue presentada ayer por el presidente del Ejecutivo Balear, José Ramón Bauzá, y el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, a los sectores económicos y sociales del Archipiélago.
Las dos patronales menorquinas coinciden en que la música de la Ley suena bien, pero de inmediato surgen las dudas sobre cómo se llevará a la práctica. En este sentido, advierten que la nueva normativa no va acompañada de medidas económicas y aunque estás, según el Govern, quedarán solventadas en la Ley de Presupuestos, los costes serán elevados en un momento en el que la Administración no está para demasiados gastos.
Propuestas coincidentes
El director de CAEB Menorca, Josep Fortuny, reconoce en la Ley de Emprendedores algunas de las propuestas que la patronal había puesto sobre la mesa en las consultas realizadas por los "populares" durante la campaña electoral. A su juicio, la reducción de los trámites administrativos y la eliminación de cargas fiscales pueden facilitar el camino para el autoempleo, para la creación de nuevos negocios en una isla como Menorca con un alto índice de parados.
Fortuny también entiende acertada su tramitación por Decreto Ley al ser éste un procedimiento "más rápido", aunque luego tenga que seguir el proceso reglamentario habitual; Consejo Económico y Social y el Parlament. "Creo que en la práctica será lo mismo porque el Gobierno tiene mayoría", reflexionó.
En cuanto a la decisión del Govern de eliminar todos las subvenciones, salvo las "esenciales" en materia de educación, sanidad, y política social, Fortuny considera que en los últimos años se había instalado la cultura de la subvención, no se emprendían nuevos negocios si estos no contaban con una ayuda pública, cuando en su opinión este hecho debería ser secundario. "Será positivo cambiar el chip y valorar más los proyectos que las subvenciones que puedan tener", remarcó.
En el mismo sentido se expresó ayer el secretario general de PIME, Pau Seguí, quien justificó la decisión del Govern de eliminar las ayudas públicas en un momento en el que la Administración, dijo, ya tiene suficiente con hacer frente al pago de la deuda acumulada y el salario de sus trabajadores.
Para Seguí la "declaración de principios de la Ley" redactada por el gobierno de Bauzá es acertada, en cuestiones como el apoyo a la financiación facilitando el acceso al crédito, la simplificación administrativa, y el apoyo a los proyectos innovadores ,"pero a partir de aquí habrá que ver su desarrollo práctico, como se concreta todo", subrayó.
Los sindicatos apoyan la normativa
Los sindicatos UGT, CCOO y USO apoyan la futura Ley de Emprendedores y de Apoyo a Pymes y Microempresas del Govern, si bien el secretario general de UGT, Lorenzo Bravo, censuró que el Ejecutivo haya recurrido al Decreto Ley para aprobar esta normativa, de forma que ha avisado de que no volverá a acudir a negociar una norma con la Administración autonómica si vuelve a emplear esta fórmula.
Bravo dijo que, en líneas generales, esta normativa le parece "bien", debido a que, a su juicio, "ya es hora de que haya un poco de orden a la hora de montar empresas, teniendo en cuenta que Balears es una de la Comunidades que más empresas genera y que más destruye".
No obstante, Bravo señaló que le gustaría que la Ley de Emprendedores "profundizara más" en la responsabilidad social de las empresas, mientras que, por otro lado, destacó el hecho de que la nueva normativa incluya medidas para disminuir la burocracia administrativa y para fomentar en la educación la creación de empresas y la autoocupación.
Tras señalar que no se ha ido de vacaciones porque le daba "vergüenza", teniendo en cuenta la actual situación económica en la que hay que vigilar "si la prima de riesgo está bien", Bravo dio de plazo al Govern hasta septiembre para retomar el diálogo social y continuar con los más de veinte acuerdos firmados durante la pasada legislatura.
Por su parte, el secretario de Comunicación y Ocupación de CCOO, Xisco Mellado, también calificó de "positiva" la futura Ley, dado que, en su opinión, "todas las ayudas que se den a las pymes pueden tener un efecto colateral de creación de ocupación".
Finalmente, el secretario general de USO, David Díaz, apostó por que en la futura Ley quede "claro" el pago de las facturas pendientes a las empresas, ya que, a su juicio, "antes de poner nuevas medidas encima de la mesa, se debe solucionar este problema", que, según recordó, acaba afectando al cobro de los trabajadores.
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