La acusación particular que representa a los 8.000 afectados por el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre, reclamará ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, a partir de la próxima semana, fianzas de responsabilidad civil a cada uno de los más de 70 controladores de Baleares que el pasado 3 de diciembre abandonaron de forma masiva sus puestos de trabajo, lo que se sumará a la indemnización de 10.000 euros que prevé solicitar en concepto de daños morales para cada pasajero afectado en las islas.
Así lo ha explicado el abogado Luis Vericat, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, quien ha precisado en declaraciones a Europa Press que para ello registrarán un escrito ante el juez instructor de estos hechos, Juan Catany, para pedir que los controladores depositen las cantidades que se les decrete o aseguren sus bienes a fin de que respondan al daño moral y material provocado. A partir de ese momento, el magistrado deberá dirimir si acuerda o no imponer la caución civil.
En esta misma línea, el letrado ha recordado que los afectados prevén presentar una reclamación previa administrativa contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), al aseverar que esta empresa pública debe garantizar el control del tráfico aéreo por tratarse de un servicio público, y considerarla "corresponsable" junto a los controladores de la "insólita y grave situación" vivida el pasado 3 de diciembre en los aeropuertos españoles. En caso de que esta demanda sea desestimada, acudirán a la vía contencioso-administrativa.
Así lo ha puesto de manifiesto Vericat tras abandonar la sala de vistas en la que durante esta mañana han sido interrogados otros tres controladores en calidad de imputados, quienes han asegurado ante el juez, la fiscal y varios de los abogados personados en estas diligencias previas que su estado anímico les impidió realizar su trabajo con normalidad, por lo que han negado que se pusieran de acuerdo "sobre ninguna estrategia para ponernos enfermos gradualmente".
En este contexto, uno de los encausados, José Antonio R.S., ha manifestado que el 3 de diciembre comenzó su servicio a las 15.00 horas y, tras ir al baño dos veces, solicitó su relevo porque no se sentía bien y sufrió "un bajón". En cualquier caso, ha respondido que "sólo puedo contestar por mi estado" al ser preguntado por cómo explica que otros compañeros se pusieran enfermos a la vez.
Tal y como ha apuntado, ello se había debido a que por la mañana había acudido a una junta informativa en el centro de control en la que habían estado presentes "unos 60 ó 70 compañeros" y en la que se habló del convenio colectivo, de seguros de vida y del cómputo de horas que realizaban, y no abandonar sus puestos de forma colectiva. "No es cierto que buscara la paralización del movimiento aéreo", ha incidido al respecto, para después añadir que "la situación fue tan tensa que no recuerdo muchas cosas".
En la misma línea se ha pronunciado Pedro B.M., quien ha asegurado que empezó su turno de tarde "bastante nervioso y con cierta angustia", por lo que solicitó ser relevado y, al ser atendido por un médico, le dijo que tenía "taquicardia, pulso alto y un cuadro de ansiedad". "Eran nervios por la incertidumbre de mi situación laboral", ha manifestado de igual forma que han defendido otros controladores, que achacan su actuación al decreto que aprobó el Gobierno central por el que se modificaban sus condiciones laborales.
"Había roto con mi pareja"
De hecho, el imputado ha subrayado que "había gente que se encontraba muy mal y estaba hecha polvo", y ha apuntado que fue por televisión cuando se enteró de que se estaba militarizando el espacio aéreo. Finalmente, el otro controlador que ha prestado declaración, David Jesús A.G., ha recordado que aquella tarde estaba "descentrado" y tenía la cabeza "en otro sitio" debido a la reunión que habían mantenido, e incluso lo ha achacado a que tiempo antes había "roto con mi pareja, con la que iba a casarme, debido a mis horarios laborales".
"Me encontraba sin fuerzas y dándole vueltas a mi situación personal", ha agregado el imputado, quien ha recordado que el médico le reconoció y le dijo que tenía "la tensión muy alta y pulsaciones". "En la reunión no se acordó tomar ninguna medida de fuerza o de presión", ha espetado.
Los tres imputados se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ejercidas por Luis Vericat en nombre de los afectados y por Llorenç Salvà en representación de la Federación Hotelera de Mallorca. En concreto, las investigaciones van dirigidas a averiguar si los controladores incurrieron en un presunto delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.
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