El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que pesa sobre el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y que le fue impuesta en el marco de la pieza del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava para realizar el anteproyecto de la Ópera de Palma, que costó 1,2 millones de euros a las arcas del Ejecutivo autonómico.
Así lo ha acordado la sala de lo civil y penal de la máxima instancia judicial de las islas, que ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el principal imputado de la causa contra la caución que decretó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el marco de la pieza número 3 de las 26 que integran la causa. Precisamente, el magistrado ya confirmó en primera instancia la fianza al insistir en la participación delictiva de Matas en estos hechos.
La sala considera que el juez Castro tuvo a su alcance indicios suficientes para imponer de la fianza, con independencia de que hasta hoy ni el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ni el magistrado del TSJIB que en la actualidad instruye la pieza -dada la condición de aforado del ex conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, también imputado- hayan llegado a valorar los eventuales indicios en cuanto a la vinculación de este último en los hechos.
Por otro lado, el TSJIB ha desestimado la solicitud de sobreseer las actuaciones, al considerar que es a Castro a quien corresponde decidir si deben o no practicarse más diligencias y resolver sobre esta petición.
Cabe recordar que Castro impuso la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos derivados de la contratación de Calatrava, cantidad que solicitaron mediante un escrito en el que las acusaciones apuntaban a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Sin embargo, la defensa de Matas negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.
Castro: "Se da por supuesto que Matas no descendió a pie de obra"
Frente a ello, Castro manifestó en su auto que "se da por supuesto que no descendió a pie de obra, faltaría más, pero existen sobrados indicios de que marcó las directrices" a fin de disponer de los servicios del ingeniero.
Tanto es así que, según el instructor del caso Palma Arena, el ex jefe del Ejecutivo autonómico dio instrucciones al entonces conseller de Educación, Francesc Fiol -también imputado-, para que se ultimara la tramitación del expediente de contratación "a costa de lo que fuera, incluida la falta de respeto a la Ley y a la realidad, al sólo objeto de que se resolviera a favor de la persona ya decidida y para que ésta fuera electoralmente utilizada sin importarle que el erario público pagara por ello".
El juez insistía además en que los términos de la contratación de Calatrava ya estaban decididos antes de que se materializase, según se desprende de la declaración vertida por los demás imputados de esta pieza de la causa.
Mientras tanto, el propio ex jefe del Ejecutivo autonómico, durante la declaración que prestó ante el juez el pasado 22 de febrero en calidad de imputado, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto y defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó.
En su comparecencia, el principal encausado del caso defendió así que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Govern, y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente". En este sentido, incidió en varias ocasiones en que la pretensión del Govern era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.
El anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
Se suma a una fianza penal de tres millones de euros
Cabe recordar que contra Matas ya pesa una fianza penal de tres millones de euros para evitar su ingreso en prisión, en el marco del caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de este velódromo durante la pasada legislatura. También se indaga su supuesta conexión con el tren de vida llevado por Matas mientras era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma así como una financiación presuntamente irregular del PP.
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