La Audiencia Provincial de Palma juzga desde ayer a los dos guardias civiles acusados de colaborar en la introducción de droga en Menorca en 2008 y a los otros cinco procesados en esta misma causa. Todos ellos se negaron ayer a declarar, después de que los representantes de la defensa solicitaran la nulidad de las pruebas obtenidas a través de las escuchas telefónicas que se practicaron y que permitieron desarticular la supuesta red de tráfico de estupefacientes.
Los dos agentes, David F.L. y Francisco Javier N.Q., se enfrentan a una petición de 12 años de cárcel y a una multa de 134.455 euros, por un presunto delito contra la salud pública. La fiscal pide por el mismo delito penas de 9 años de prisión, para Jairo G.P. y Dilmer R.J.; de 6 años, para Juan M.S. y Juan C.M., y de 8 años para José María M.O. Sobre este último concurre la agravante de reincidencia, puesto que ya fue condenado por sentencia firme el 19 de febrero de 2002 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma -la misma que juzga este caso-, por un delito sobre sustancias nocivas para la salud, a 3 años y 8 meses de prisión y al pago de 150.000 euros.
Impugnación
La defensa mantiene la impugnación del material de cargo obtenido a partir de las intervenciones telefónicas que se practicaron a los procesados. El abogado Jaime Campaner, que ejerce la defensa de uno de los acusados, argumentó ayer que estas diligencias se produjeron a partir de un auto que regula otro procedimiento anterior a esta causa, lo que crearía indefensión.
La Fiscalía, que se opone a la nulidad, sostiene que el auto de la intervención está suficientemente justificado y amparado por las nuevas diligencias solicitadas posteriormente por la Policía Judicial en una nueva fase del proceso. La fiscal aportó ayer el testimonio de esas diligencias previas como prueba documental y consideró que, de este modo, queda subsanado el defecto.
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