El juez impone a Matas una fianza civil de 1,6 millones

José Castro, titular del juzgado que instruye la causa del Palma Arena, accede a la petición de la Fiscalía a fin de cubrir los posibles perjuicios económicos

Europa PressPalma03/03/11 0:00

El titular del juzgado de instrucción número 3 José Castro, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, tal y como solicitó hace unas semanas la Fiscalía anticorrupción por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros para la elaboración del anteproyecto de la ópera de Palma.

En un extenso auto, el magistrado pide que se certifique que el exconseller de Educación del PP, Francesc Fiol, es diputado en el Parlament, para que una vez confirmado su aforamiento, el juez pueda elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) a fin de que éste pueda asumir la pieza del caso relativa a la contratación de Calatrava, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Asimismo, Castro ha decretado en su resolución el sobreseimiento de la pieza respecto al jefe de servicios de arquitectura del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Aleix Reinés, asistido por Gabriel Lladó, y la arquitecta de esta empresa Pilar Mesquida, defendida por Carlos Barceló.

Ambos se encontraban imputados en este fleco, uno de los 25 en que se divide esta compleja causa.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en calidad de acusación particular, pidieron la fianza civil resultante de sumar los 1,2 millones de euros por los que fue contratado Calatrava más un tercio que marca la Ley, mediante un escrito en el que las acusaciones apuntan a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Frente a ello, en un escrito de alegaciones, la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma.