Balears es una de las cuatro comunidades autónomas, junto con Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha, que cerraron el ejercicio 2010 con desviaciones "considerables" del déficit y necesitarán adoptar "con firmeza" medidas que reduzcan sus desequilibrios, según los datos avanzados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
Salgado explicó ayer que la desviación de las comunidades se concentra en este último grupo y afirmó que Castilla-La Mancha es la que peor se ha comportado, al arrojar un déficit del 6,47 por ciento. Cataluña, por su parte, ha registrado un saldo negativo del 3,86 por ciento. Todas las comunidades que tenían que presentar un plan de reequilibrio ya lo han hecho, aunque el Gobierno no los ha evaluado y ninguna comunidad ha solicitado nuevas emisiones de deuda, por lo que el Ejecutivo no se ha visto obligado a denegar estas peticiones. La vicepresidenta económica aseguró que no existe "preocupación" por la situación de las comunidades porque los datos agregados demuestran que España está cumpliendo en la reducción del déficit. Además, ha avanzado que el próximo CPFF se celebrará a finales de marzo o principios de abril y que en él volverán a tratar este tema.
En el conjunto del país, el déficit público cerró el año en 92.227 millones de euros, lo que supone el 9,2 por ciento del PIB, una décima mejor de lo estimado en las previsiones del Gobierno. Estas cifras se han conseguido gracias a la mejor evolución de las cuentas del Estado y a pesar de que el conjunto de las administraciones de la Seguridad Social ha entrado en déficit y más de la mitad de las comunidades han incumplido el objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según Salgado, los datos demuestran que España ha cumplido el objetivo marcado en 2010 y permiten afrontar el 2011 con la seguridad de que se reducirá el déficit al 6 por ciento, tal y como marca el plan de consolidación fiscal presentado a Bruselas. Salgado resaltó igualmente la importancia de seguir siendo transparentes y avanzó que, a partir de ahora, las comunidades tendrán que presentar sus datos de ejecución cada tres meses y no cada seis como se hacía anteriormente.
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