La jueza decreta que continúe el proceso contra Cardona y 17 imputados más

Así lo ha decretado la jueza mediante el auto de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, después de que así lo solicitaran el Ministerio Público y la Abogacía de la Comunidad Autónoma al apreciar indicios delictivos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsedad documental, cohecho y fraude a la Administración, delitos que la magistrada recoge en su auto junto al de asociación ilícita.

En su extensa resolución, la jueza realiza un pormenorizado análisis de las supuestas irregularidades que habrían sido cometidas, a instancias de Cardona, a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Y es que, subraya el escrito, el análisis de las facturas pagadas por el CDEIB en los cuatro años de mandato pone de manifiesto que obedecen a adjudicaciones directas, 'a dedo', sin que se tramitase el expediente justificativo de contratación acorde a su cuantía, bien negociado sin publicidad o sin concurso, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Contratos de la Administración Pública. "Sólo en 133 casos se realizó expediente de contratación, siempre negociado con publicidad por razones de urgencia y para dar una apariencia de legalidad a las decisiones indiciariamente prevaricadoras del presidente, vicepresidente y gerente del CDEIB", señala el auto.

Cardona "no encontró obstáculo en su camino"

Al hilo de lo anterior, la jueza hace referencia a la "inyección constante" de fondos públicos que a lo largo de cuatro años, al resultar insuficiente el presupuesto anual del organismo público, tuvo lugar "por motivos espurios", y en este sentido apunta a Cardona como la persona que tomó las decisiones "en un rosario" de modificaciones presupuestarias, transferencias desde la Conselleria de Industria u organismos dependientes como el Instituto de Innovación Empresarial (IDI). "No encontró obstáculo alguno en su camino", asevera en referencia al también ex presidente del CDEIB.

"Nadie comprobó en qué se estaban gastando realmente las millonarias cantidades que accedían a las arcas del CDEIB", recalca contundente la jueza, aludiendo, entre los numerosos ejemplos expuestos, a cinco convenios de colaboración suscritos entre Cardona y el ex director general de Promoción Industrial y ex presidente del IDI, Kurt Viaene, y que supusieron una aportación de un millón de euros. "A nadie le importó que careciesen de memoria justificativa que documentara las actuaciones de promoción al amparo de cada convenio", recalca al respecto.

En esta misma línea, entre otras actuaciones presuntamente ilícitas, Marín hace referencia a la presentación promocional que se llevó a cabo en Shangai y que contó con la presencia del tenista Rafel Nadal, cuyo coste por tres horas ascendió a unos 187.500 euros y a la que asistieron numerosas autoridades. Asimismo, alude a uno de los principales proyectos investigados en el marco de este complejo procedimiento, el Honey Moon, desarrollado para la promoción de Baleares mediante viajes de parejas chinas recién casadas a las islas, con un coste final de 800.000 euros pese a estar inicialmente presupuestado en 300.000.

Transporte de folletos del PP pagado con fondos públicos

Por otro lado, la jueza afirma que el ex conseller ordenó a Viaene y al coordinador de ferias del Consorcio, Antonio Munar, que organizasen con cargo a los fondos de esta empresa el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se llevó a cabo a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

Tal y como ya puso de manifiesto la magistrada en la exposición razonada que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asumiera la causa a tenor del entonces aforamiento de Cardona, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, el resto de encausados contra quienes las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral o por el contrario solicitar su sobreseimiento son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export S.P.J. y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También se encuentran el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.

Causa instruida durante meses por el TSJIB

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril. El ex conseller asegura, sin embargo, no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico.