El Govern reconoce que la reducción a la mitad de las empresas públicas no habrá terminado antes de las elecciones

En una rueda de prensa convocada con motivo de las subvenciones que el Govern concederá al sector primario de las islas a través del programa Leader, Moragues ha recordado que el presidente del Govern, Francesc Antich, propuso a los grupos parlamentarios la constitución de una comisión de seguimiento con representación de todos los partidos para supervisar la reducción del sector público, con el fin de que el Ejecutivo proponga las medidas a adoptar al resto de las formaciones.

En cualquier caso, el conseller ha señalado que la fusión de empresas que son titularidad de la Comunidad autónoma es un proceso que genera una "gran carga" de decisiones, fundamentalmente de carácter jurídico y económico. Así, ha recordado que el Govern lleva un año trabajando en la unión de CAIB Patrimoni, el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) y el Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec).

No obstante, ha destacado que habrá otras actuaciones que serán "mucho más fáciles" que ésta, como la fusión de los 20 consorcios del Pla Mirall o de gestión del agua, ya que estos organismos no cuentan con gerencias ni con estructuras complejas.

Por lo que se refiere a la Ley del Sector Público Integral, el titular de Presidencia ha aseverado que la nueva norma "acaba con el amiguismo" en el sector público, ya que que extrapola los criterios de acceso al trabajo de la Administración a las empresas públicas. En este sentido, ha afirmado que hasta ahora estas entidades funcionaban "como una empresa privada", puesto que era "muy habitual" el "digitalismo", si bien el texto aprobado de forma unánime el pasado martes por el Parlament introduce los conceptos de "igualdad, mérito y capacidad", que, en su opinión, deberían ser los conceptos "principales" de las contrataciones públicas.

Según Moragues, la nueva Ley estructura de una forma "diferente" los servicios de intervención y los procedimientos administrativos, en gran parte debido a la adopción de mayores medidas de control, que, según ha anunciado, entrarán en vigor "inmediatamente después" de la publicación de la norma en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Por otra parte, el conseller ha valorado "positivamente" que la supresión o el retraso de hasta cuatro años de la ejecución de unos 220 contratos de carreteras y ferrocarriles previstos en toda España anunciado este jueves por el Ministerio de Fomento no afecte inicialmente a Baleares. "Está bien que la primera decisión no nos afecte", ha afirmado en este sentido.