Cardona niega cualquier vinculación con adjudicatarias del Consorcio Económico balear

El imputado, para quien la Fiscalía anticorrupción y la acusación particular, ejercida por la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Angeles Berrocal, solicitan una fianza de responsabilidad civil de 4,8 millones de euros, aseveró asimismo y en repetidas ocasiones, acerca del control que ejercía sobre los fondos públicos del CDEIB, que "confiaba plenamente" en sus servicios técnicos y jurídicos por lo que negó cualquier tipo de irregularidad en la concesión de los contratos, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Las investigaciones, enmarcadas en el procedimiento judicial conocido como caso Scala, apuntan a que desde la empresa pública, dependiente de la Conselleria de Industria, se adjudicaron contratos de forma directa sin obedecer a las normas del procedimiento, a sociedades -Comarca Global Consulting, Gourmet & Boutique Islands y Sayju- en las que Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la entonces gerente del Consorcio, Antònia Ordinas, tenían participación.

Unos hechos determinados a raíz, además, de las declaraciones efectuadas en su día tanto por Ordinas como por el ex concejal de Lloseta, Felipe Ferré (PP), a su vez socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -contratistas del CDEIB-. Precisamente, Ferré compareció de nuevo hoy como encausado y ratificó sus acusaciones, aludiendo a la existencia de un contrato privado que demuestra que Cardona era socio de las tres anteriores sociedades beneficiarias de los fondos públicos.

Durante la comparecencia, que se prolongó por espacio de tres horas, Cardona fue interrogado, por otra parte, por el envío de folletos electorales del PP a Ibiza en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y que supuestamente fueron transportados con cargo a las cuentas del CDEIB. Al respecto, el ex conseller, asistido por el letrado Josep Zaforteza, se limitó a responder que "no me encargaba de estas cuestiones" y negó haber decidido en torno al transporte de la publicidad.

En este sentido, Ordinas, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, ya apuntó al ex conseller así como a Viaene como los únicos responsables que pudieron autorizar el pago del transporte de la publicidad a la isla pitiusa. Es más, la Fiscalía señala que se han localizado varias facturas por valor de más de 13.000 euros que acreditarían el traslado de la propaganda sufragado por el Consorcio y postula que las cajas que contenían los panfletos pesaban más de seis toneladas y estaban camufladas bajo la apariencia de productos marca 'Baleares Cinco Estrellas'.

"Pregúntenle al PP de las Pitiusas", espetó el imputado ante el juez y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. Ordinas ya manifestó que Cardona fue quien encargó la confección de los folletos al diseñador de Binissalem Joan Rosselló -otro de los imputados en la causa-, pese a que aseguró "no tener ni idea" acerca de los pormenores que rodean al transporte de la propaganda.

Por otro lado, el parlamentario, quien ya depuso en dos ocasiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, y se negó a hacerlo una tercera a la espera de que el caso fuese asumido por la máxima instancia judicial de las islas por su condición de aforado, también se desvinculó de la cena electoral que celebró el PP en el restaurante Es Cocó de Lloseta, y sobre la que Ferré, proveedor del CDEIB, reveló que le forzaron a pagarla. En este caso, también Cardona emplazó a preguntar a los 'populares' del municipio mallorquín.

Trama de Cardona, Viaene y Ordinas

Mientras tanto, el ex concejal, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y confesar los hechos que se investigan en este caso, de cara a lograr futuras atenuantes, se reafirmó en sus anteriores declaraciones, al aseverar que Cardona, Ordinas y Viaene idearon una trama para lucrarse de fondos del CDEIB mientras participaban en las empresas adjudicatarias, así como para beneficiar a allegados o terceros a cambio de comisiones.

Otros testigos

También hoy prestaron declaración, aunque en calidad de testigos, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal y abogada de la Comunidad Autónoma en la pasada legislatura, Felisa Vidal, así como el economista de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Vicenç Tur. Cabe recordar que la Sala designó como instructora del caso a Vidal, que propuso su abstención, por lo que finalmente fue nombrado instructor el magistrado Antonio Capó.

El procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.