Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y la acusación particular, en nombre del Govern, solicitaron hoy una fianza de responsabilidad civil de 4,875.441 euros para el ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, Josep Juan Cardona, por los posibles daños económicos derivados de su supuesta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Scala.
Así, actualmente, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, está deliberando la petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular, después de haber interrogado durante más de tres horas a Cardona, en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Por tanto, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.
Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.
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