El juez apunta a una "farsa orquestada" por Jaume Matas

Así lo expone el magistrado en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó ayer y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos, su decisión de decretar prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex ministro de Medio Ambiente, así como la retirada de su pasaporte -que ya ordenó el pasado viernes para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días 'apud acta' ante el juzgado.

En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin basjo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.

Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

Así, entre las medidas que aprobó el patronato de la Fundación, presidido por Matas, pese a que "nunca" celebró ninguna reunión, fue la contratación "directa sin expediente ni procedimiento administrativo" del arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann; el endeudamiento del Govern en nueve millones para ejecutar la infraestructura, y la petición de una aportación económica al Ejecutivo balear por 46,4 millones.

Es en este contexto que Castro considera que el encausado "ha sido incapaz en su declaración de explicar qué persona tomó decisiones tan trascendentes y muchas de ellas ilegales", lo que a su juicio "ratifica los fuertes indicios de que el responsable fue el propio Matas".

En esta misma línea, el juez observa indicios de prevaricación al "imponer" la colaboración de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz con Schürmann y contratarlos tras la destitución de éstos, pese a que la comisión ejecutiva de Illesport -que adoptó la decisión- no tenía competencias para ello. Ambos acabaron percibiendo, según el auto, un total de 8,5 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia para la ejecución de la infraestructura.

Mientras tanto, considera un "elemento decorativo" la junta rectora del consorcio que fue creado para la construcción, ya que Ballester y el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, eran "los únicos que tomaban decisiones".

Por otro lado, la resolución judicial, cuya notificación fue aplazada a hoy por la complejidad de los hechos y la motivación de las medidas cautelares, detalla las distintas licitaciones presuntamente irregulares que se llevaron a cabo durante la construcción así como a los modificados que se realizaron "sin contrato ni expediente alguno". "La orden era terminar como sea, a cualquier coste. El fin justifica a los medios", espetó el magistrado en el auto.

Un proyecto "personal de Matas"

Castro va incluso más allá y califica el Palma Arena como un "proyecto personal de Matas", de acuerdo a las manifestaciones expuestas por sus más inmediatos colaboradores. Una iniciativa que "dirigía de forma efectiva a través de Ballester, con el que se reunía frecuentemente para tratarlo, y excluyendo directamente a la responsable máxima de Deportes, Rosa Puig".

En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

Cabe señalar al respecto que la Ley establece unos límites máximos de cumplimiento, por lo que no necesariamente a quien condenan a una determinada pena cumplirá los años impuestos, sino los límites máximos fijados por la ley. De acuerdo a esta normativa, existe un límite que es el del triple de la mayor de las penas dictadas, de modo que el delito más grave que en este caso se le imputa a Matas sería de ocho años -malversación-, lo que quedaría traducido en un total de 24.