La ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, presentó hoy ante el juzgado un aval bancario sobre los bienes inmuebles de su propiedad para cubrir la fianza de responsabilidad civil por más de 2,5 millones de euros que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, le impuso el pasado miércoles por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su posible implicación en el caso Maquillaje.
Así lo informó a Europa Press su letrado, Gabriel Garcías, quien explicó que esta mañana fue entregado al magistrado, a través de la procuradora, el aval por el que han sido señalados bienes inmuebles de unos 25 años de antigüedad y cuyo valor permitiría cubrir la cantidad decretada.
De este modo, la ex dirigente de UM avaló mediante bienes patrimoniales la fianza civil tras no haber depositado la caución en el plazo que le fijó el juez y que expiró el pasado viernes. Es por ello que se le requirió la designación de sus bienes hasta cubrir los 2,5 millones fijados, de modo que una vez comprobado su valor quedarán posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cabe recordar que la fianza fue impuesta a petición del fiscal anticorrupción Juan Carrau, quien basó su solicitud en las posibles responsabilidades económicas de Munar en este proceso, y que derivarian del millón de euros otorgado en subvenciones presuntamente irregulares concedidas a Video U y Studio Media desde el Consell; en los 450.000 euros para subvencionar un programa radiofónico y una catalogación de archivo que nunca se realizaron; y los 500.000 euros por multas que se le podrían imponer en el proceso. A todo ello cabe sumar, por ley, un tercio de esta cantidad global.
Seis delitos
En concreto, sobre Munar pesan los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral.
La ex presidenta 'uemita' sí constituyó en la noche del pasado jueves la fianza penal de 350.000 euros que le impuso también el magistrado para eludir su ingreso en prisión provisional, después de que fuese presentado ante el Juzgado de guardia un aval bancario por el que fue constituida la garantía. Mientras tanto, el juez también decretó la retirada de su pasaporte, la prohibición de que abandone el territorio nacional y la obligación de que comparezca quincenalmente en dependencias judiciales.
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