Maria Antònia Munar deberá depositar una fianza de 2,6 millones de euros por los presuntos daños cometidos. - Archivo

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La ex presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, depositó esta mañana la fianza penal de 350.000 euros que le impuso el juez instructor del caso Maquillaje, Ignacio Lope Sola, tras tomarle declaración, para eludir la prisión provisional, según confirmó a Europa Press el abogado de Munar, Gabriel Garcías.

Así, el letrado de Munar también manifestó que recurrirá el auto judicial en el que el magistrado dictó el pasado miércoles dicha fianza, mediante un recurso de reforma que presentará ante el mismo juzgado. En este sentido, Garcías también informó que ha recurrido la fianza por responsabilidad civil de 2,6 millones de euros dictada por el juez por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su posible implicación en el caso Maquillaje.

El juez dio de plazo hasta las 14.00 horas de hoy, viernes, para que la ex presidenta de UM haga efectivas las fianzas. En caso de no abonar la segunda fianza, el juez ordenaría el embargo de los bienes de la encausada.

Por su parte, el director general de IB3, Antoni Martorell, consideró ayer que sería un "ejercicio de irresponsabilidad" dimitir de su cargo, tras el registro policial que se hizo el pasado lunes en el marco de la Operación Voltor a la empresa Cent & Ment, que fue creada por él y vendida posteriormente a Jacinto Farrús. Así, defendió su continuidad en el ente público, ya que, a su juicio, está haciendo un "brillante" trabajo al frente del mismo, teniendo en cuenta que "se están cumpliendo los objetivos".

No obstante, recordó que él está "en manos del Parlament" que en cualquier momento, puede elegir a un nuevo director general de IB3, en caso de que considere que no es apto para ejercer este cargo, si bien dijo que mientras "no le digan lo contrario", continuará con el trabajo que le han encargado en la radio y televisión públicas de Balears.

En otro caso judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre la pieza separada del caso Palma Arena que investiga la presunta financiación irregular del PP, tal y como consta en la última providencia dictada por el magistrado.